El juzgado de Vilanova i la Geltrú ya estudia la demanda interpuesta por la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral, contra la plataforma Netflix y la productora Arcadia por la serie «El cuerpo en llamas» que se basa en el crimen de la Guardia Urbana, por el que Peral fue condenada a 25 años de prisión. En un auto que ha avanzado «El Periódico» y al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juzgado ha admitido a trámite la demanda y ahora da traslado de la petición a la plataforma, a quien Peral exige una indemnización de 30 millones de euros por una supuesta vulneración de derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Peral y su hija mayor, todavía menor de edad. «Lo que reclamamos es una rectificación y una retirada de todas las escenas que hemos minutado capítulo por capítulo, que consideramos que vulneran ese derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y además, pedimos que se haga una rectificación al inicio de la serie diciendo que hay escenas que no se corresponden en nada con la realidad», assegura la abogada de Peral, Núria González en declaraciones a la Cadena SER. A ello hay que añadir la petición económica de 30 millones de euros, que se corresponden a un euro por cada hora de emisión que se ha visto la serie para la hija de Peral y 10 céntimos por cada hora de emisión para la propia expolicía. La serie, protagonizada por Úrsula Corberó en el papel de Peral, narra el triángulo amoroso fatal que acabó con el crimen de Pedro Rodríguez, también agente de la Guardia Urbana, con la ayuda del que fuera amante de Peral, también agente del mismo cuerpo. «Una cosa son los documentales que se hicieron sobre el juicio, sobre las pruebas, que pueden ser más sesgados o menos sesgados, pero al final son documentales», aclara González, que entiende el interés informativo. «Pero claro, una ficción es otra cosa. Se está utilizando tu nombre para hacer un reclamo, porque sabes que poniendo Rosa Peral va a tener mucha más audiencia que si no lo pones y aprovechas para todavía ahondar más en cosas que son completamente falsas, en una imagen que se ha querido dar de que es violenta, mala madre, negligente, o que no quería ver a sus hijas, todo eso es falso y se puede demostrar», critica González. La expolicía lamenta lo que considera una doble condena: la pena de prisión que está cumpliendop y la pena social y mediática que se ha ampliado con el éxito de la serie. Por ello, pide la eliminación de algunas escenas además de una rectificación por parte de Netflix y Arcadia, que ahora deben personarse en la causa. La plataforma y la productora tienen 20 días para contestar a la demanda, ahora que se ha admitido a trámite. Al ser un procedimiento ordinario, la mayor parte de la causa ser tramitará por escrito, excepto cuando se vayan a practicar las pruebas que se han solicitado, que son pruebas que se tienen que visionar, momento en el que se deberá señalar una vista. Las demandantes afean a Netflix y a la productora que no avisaran a Peral ni al resto de afectados de la creación de una serie, no solo basada en su historia, sino que usa sus nombres y las ubicaciones reales del suceso. «En el momento que vimos el tráiler es cuando nos ponemos en contacto con las demandadas para solicitar que nos dejaran ver la serie. No pedíamos ni un céntimo; pedíamos el visionado y se nos denegó. Ahora el daño está hecho, entonces el daño se cuantifica y en ese punto es lo que estamos ahora», asegura la abogada. Se trata, según varios expertos, en un debate jurídico novedoso e importante, especialmente en la era dorada del True Crime. «Las productoras han encontrado un filón de un producto audiovisual ultra mega rentable, pero sin ninguna regulación en este país. Ahora se va a tener que ver hasta dónde llega el derecho de creación, sobre todo cuando hay menores afectados; no nos olvidemos que esto no es un tema de información. Estos productos audiovisuales son un producto con ánimo de lucro; no es un informativo», reflexiona González.