Barcelona reduce a la mitad la inversión municipal para construir viviendas protegidas: da más peso a Generalitat y a empresas privadas

Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha recortado a más de la mitad en un solo año el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) para la construcción de viviendas protegidas en suelo público. Se trata de viviendas destinadas al alquiler social o asequible, que se alquilan a jóvenes o a personas mayores, o se venden en derecho de superficie. Fuentes del Área de Urbanismo y Vivienda señalan que el gobierno de Jaume Collboni ha realizado un cambio de rumbo en la política de construcción de vivienda protegida que justifica la caída de la inversión municipal. En lugar de asumir toda la responsabilidad desde el IMHAB, el ejecutivo ha querido diversificar a los promotores e implicar más a la Generalitat, las cooperativas y también a los operadores privados.

Tras la pandemia, la inversión ejecutada por el IMHAB en obra nueva se disparó. Durante tres años se superaron los 80 millones de euros invertidos, con un pico de 101 millones de euros en 2023. En 2025, según las cuentas anuales del IMHAB consultadas por SER Catalunya, la inversión ejecutada fue de 35 millones, menos de la mitad que el año anterior.

Varias entidades sociales sin ánimo de lucro han pedido al Ayuntamiento que, si externaliza la promoción de viviendas protegidas, priorice a las cooperativas y fundaciones por delante de las empresas privadas. En concreto, señalan la asignación de dos solares para construir unas 300 viviendas a la empresa Built 4 Speed, vinculada a la promotora inmobiliaria Corp, que también construye y alquila pisos de gama alta en Barcelona. Las entidades lamentan que, a diferencia de las cooperativas y las fundaciones, las empresas privadas no tienen la obligación de reinvertir los beneficios —por muy limitados que estén— en proyectos sociales.

Desde el Ayuntamiento aseguran que "hay que construir todo lo posible" y, por eso, se han ampliado los proveedores, implicando también al sector privado. Recuerdan, además, que las viviendas construidas no pierden nunca la protección y que los solares siempre son de titularidad municipal.

Fuentes municipales conocedoras de la capacidad del Ayuntamiento para generar vivienda también ponen en duda que el Institut Català del Sòl (INCASÒL) pueda igualarla. Subrayan que, en los últimos años, este organismo ha terminado muy pocas viviendas y que, pese a los esfuerzos políticos, "no es tan sencillo poner en marcha la maquinaria". Según el Departamento de Territorio, el año pasado solo finalizó 24 en toda Cataluña. Es más, desde 2019, solo ha construido 162. Para comparar ritmos: en 2023, el IMHAB terminó 746 viviendas públicas de nueva construcción, según datos del Ayuntamiento. Aun así, fuentes del consistorio defienden que Barcelona también debe beneficiarse del Plan 50.000 que tiene en marcha el Govern y que no tiene sentido quedarse al margen. Por eso, el Ayuntamiento ha cedido 47 solares al INCASÒL.

Las compras de vivienda, a la mitad: solo 108 en dos años

Paralelamente, el IMHAB también ha reducido el ritmo de las adquisiciones de viviendas para destinarlas a vivienda protegida. Durante los dos mandatos de Ada Colau —en los que compartieron gobierno con el PSC—, se registraron más de 200 al año. Este año y el anterior (ejercicios completos con el PSC en la alcaldía), se han registrado 72 y 36 respectivamente. Estas compras son, en su mayoría, adquisiciones por tanteo y retracto, pero también incluyen compras excepcionales y cesiones de usufructo que algunas empresas privadas hacen al Ayuntamiento.