El inicio de los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos de los restos de 60 víctimas de la Dictadura será inmediato

Madrid

Los familiares de víctimas del Franquismo enterradas en el Valle de los Caídos esperan que Patrimonio Nacional retome de forma inmediata los trabajos para proceder a las exhumaciones en cumplimiento de la sentencia que avala la extracción de restos mortales. Así lo reclaman después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya levantado, tras ocho meses de suspensión, la medida cautelar que impedía las exhumaciones. Ya no se podrá volver a aplicar ese tipo de medidas en este procedimiento.

Eduardo Ranz, abogado de la familia de los hermanos fusilados en Calatayud Manuel y Antonio Lapeña, ha celebrado la sentencia al ser "positiva" para las víctimas. Para este letrado, nada impide retomar los trabajos de extracción de los restos de los hermanos Lapeña en cumplimiento de la sentencia que lo avaló en 2016 para que vuelvan a Aragón.

Fusilamiento de los hermanos Lapeña

Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos. Hace seis años, una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a una "sepultura digna" para los hermanos Lapeña y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.

Las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero se paralizaron por la tardanza de informes técnicos y la suspensión de la concesión de la licencia de obras. Tras la sentencia del alto tribunal madrileño, los familiares tienen la esperanza de que por fin se da cumplimiento a la sentencia que dio luz vez a exhumar los restos de los hermanos.

Silvia Navarro, presidenta de la asociación que agrupa a las familias que han solicitado los restos de los suyos ha señalado a la Cadena SER que “por fin" se ve "la luz al final del túnel”. A la vez, ha reconocido que los nietos de los asesinados están por edad muy cerca de marcharse si haber podido recuperar esos restos para que descansen con los de la familia.

Auto revocado

En la sentencia, los magistrados revocan el auto por el que se acordó suspender de forma cautelar la concesión a Patrimonio Nacional de la licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Los magistrados concluyen que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística concedida", indicando que ello debe llevar "a estimar el recurso de apelación interpuesto por Patrimonio Nacional y, con revocación del auto apelado, denegar la medida cautelar solicitada".

La Sección Segunda de la Sala de Lo Contencioso Administrativo subraya en su resolución que "no se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo. La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad".

La asociación ultraderechista que presento hace 8 meses el recurso que lograba la paralización de los trabajos puede acudir al Tribunal Supremo, pero ya no se podrán aplicar las medidas cautelares que han sido liquidadas.