El gerente del organismo municipal Madrid Salud ha explicado al juez del caso de las mascarillas que él advirtió de que la documentación relativa a un lote de mascarillas proveniente de China no cumplía los requisitos exigidos, aunque no las invalidó, y que no sabía que habían sido enviadas por los empresarios investigados. Ha añadido que tras su advertencia la Policía Municipal de Madrid hizo un informe en el que validó esas mascarillas y las usaron policías municipales y bomberos sin incidencias, según fuentes presentes en la declaración. El titular del Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero, ha tomado declaración este viernes como testigo al gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, para indagar sobre el informe que encargó elaborar sobre la calidad de las mascarillas que proporcionaron al Ayuntamiento los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, investigados por presunta estafa al Consistorio por embolsarse seis millones de dólares en comisiones. Más Madrid solicitó al juez la declaración de Prieto porque fue la persona que encargó a un subordinado el informe sobre la calidad de las mascarillas adquiridas y quien envió diferentes correos en relación al mismo. Además mantuvo conversaciones con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, encargada de cerrar los contratos con los investigados. «Se supone que son FFP2 pero no aparece los certificados oficiales que lo garanticen y el organismo que emite el certificado ECM es el mismo que ya nos alertó el Ministerio de Trabajo de que sus certificados no son válidos», se refleja en uno de los correos que remitió Prieto a Collado, que es la que le había encargado el informe sobre ese lote de mascarillas y sobre los guantes y test que consiguieron los empresarios investigados. El pasado mes de junio declaró ante le juez el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud, Mario Tabasco, quien fue el que hizo el informe que Elena Collado le encargó a Prieto, y quien además relató al magistrado que no le constaba que hubiese controles de calidad en las mascarillas que trajeron Luceño y Medina, y que él sólo analizó una de ellas, cuya goma se quebró. Este viernes el gerente de Madrid Salud ha puesto de relieve que todo el material sanitario que se compró durante la pandemia, incluidas la primeras semanas, tenía que contar con un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud, y que las compras se habían de manera centralizada. Cuando revisaron la documentación de las mascarillas enviadas por los empresarios investigados no sabía quién las había proporcionado, solo que venían de China y que debían cumplir la normativa de la Unión Europea como todos los lotes, y así se comprobó que una parte de la documentación estaba solo en chino y que uno de los certificados que se adjuntaban no era válido porque era de ECM. «No dije que las mascarillas no fueran válidas, sino que no podía validar la documentación» conforme a lo estipulado, ha explicado Prieto en el juzgado. Luego esas mascarillas fueron analizadas por la Policía Municipal de Madrid, que sí las validó, y las usaron policías y bomberos sin incidentes, ya que era un momento complicado en el que era preferible llevar una mascarilla de grafeno a otras. «Soy la máxima autoridad dentro del Ayuntamiento en prevención de riesgos laborales y a mi no me pareció que la mascarillas fueran peligrosas en ningún momento», ha dicho el gerente, que ha reconocido que en ese momento se trataba de tener material «aceptable» y que «muchas de las mascarillas que se repartieron no cumplían todos los preceptos» ni en este Ayuntamiento ni en otras instituciones públicas Preguntado sobre los test aportados por Luceño y Medina, sobre los que también hizo un informe Madrid Salud, el gerente de este organismo ha precisado que de tres lotes recibidos uno tenía sensibilidad baja, por debajo del ochenta por ciento, por lo que se recomendó que no se usaran. Pidió que los devolvieran y así se hizo. Avanza así las instrucción en esta causa, en la que recientemente el juez emplazó al empresario malasio San Chin Choon, que fue el que proporcionó el materia a los empresarios investigados, a que declare en persona en el juzgado como testigo.