La Comunidad de Madrid aparca en un sótano sin nada que hacer a los rastreadores COVID que la justicia obligó a readmitir

Madrid

La Justicia declaró nulos sus despedidos y obligó a la Comunidad de Madrid a readmitirlos. 119 rastreadores COVID cuyos contratos dio por finalizados el Gobierno de Ayuso que hoy tenían que empezar a incorporarse a sus puestos. La sorpresa ha llegado cuando los primeros trabajadores han acudido de nuevo su trabajo. "Amablemente me han echado. Me han dicho que no sabían nada de nosotros. No tenemos el puesto de trabajo preparado con ordenador, ni absolutamente nada" denuncia una de estas primeras 9 rastreadores.

No solo eso. Según denuncia esta trabajadora, los responsables de la Consejería han sugerido que se fueran a casa. Algo que no han aceptado las trabajadores porque, al no ser un requerimiento por escrito, podrían incurrir en incumplimiento de contrato. "Al final nos han abierto unos despachos que hay en la planta baja, sin preparar y sin trabajo". Y allí se han quedado estas antiguas rastreadoras que fueron contratadas durante lo peor de la pandemia.

CCOO denunciará ante la Inspección de Trabajo

A estos trabajadores, dependientes de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, les enviaron un burofax indicando que, en cumplimiento de la sentencia, tenían que incorporarse en tres días a su puesto de trabajo. Tras firmar la reincorporación les indicaron que debían acudir a la sede de la Calle López de Hoyos, 35 a incorporarse pero allí nadie les ha recibido. "Han recibido un trato un tanto deficiente" remarca Manuela Carral, responsable de la sección sindical de servicios centrales de la Consejería de Sanidad. Comisiones Obreras acudirá a las autoridades laborales para denunciar la situación. Carral confirma que el planteamiento del sindicato es interponer hoy mismo en la Inspección de Trabajo "una incidencia de reincorporación en el cumplimiento de la sentencia de despido nulo".

La Comunidad debía readmitirles en las mismas condiciones

La condena a la Comunidad, conocida a finales de octubre, incluía la readmisión inmediata de los 119 trabajadores en las mismas condiciones que regían antes del despido, pero lo que se han encontrado ha sido muy distinto: "Me indica que me dirija al sótano. Hay una habitación donde estamos nueve personas con tres meses, menos sillas de las que somos, ningún ordenador, ningún teléfono y por supuesto ningún responsable que se haga cargo de nosotras" relata otra rastreadora.

La Consejería debe abonarles los salarios de tramitación hasta que la readmisión sea efectiva pero de momento la realidad para estas trabajadoras es esa habitación. Una situación que ya está provocando las primeras consecuencias porque, según denuncian, ni si quiera les dejan firmar el fichaje de entrada y salida para que conste que su presencia. "Nos sentimos mal, con ansiedad y acosados laboralmente".