Ayuso recurre ante el Constitucional el impuesto a grandes fortunas del Gobierno
Según el Ejecutivo madrileño va "contra el ahorro y la inversión", y está diseñado contra Madrid y Andalucía, donde está bonificado el impuesto de patrimonio
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un discurso durante el acto de recuerdo con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad celebrado este martes en Madrid. / Chema Moya (EFE)
Madrid
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este miércoles el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno por considerar que invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región. Díaz Ayuso continúa su batalla en los tribunales contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo, ya en vigor, que va "contra el ahorro y la inversión", está diseñado contra Madrid y Andalucía, donde está bonificado el impuesto de patrimonio, ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio.
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El Gobierno regional estima que este impuesto provocará que la Comunidad de Madrid tenga unas pérdidas de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año porque frenará las inversiones extranjeras en la región.
Por ello, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una deducción fiscal del 20 % a inversiones extranjeras en la región con el objetivo de contrarrestar este impuesto temporal puesto en marcha por el Gobierno.
El Ejecutivo de Ayuso argumenta su recurso en que el Gobierno impone una cuota nacional para todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias en política fiscal, según el artículo 156 de la Constitución.
Además, ha explicado Ossorio, la tramitación de este impuesto se ha llevado a cabo en un proyecto de ley "que no tenía nada que ver con este tributo", sin pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes.
Otro de los aspectos que denuncia el Ejecutivo madrileño es "la inseguridad jurídica" del nuevo impuesto, por sus efectos retroactivos para todo 2022 pese a su entrada en vigor a finales de diciembre, lo que conlleva "una carga fiscal" para los contribuyentes que no contaban con ello.