Valdemoro tendrá que pagar por mandato judicial más de 2 millones de euros a Cofely

Valdemoro

En abril de 2018 el Pleno municipal de Valdemoro aprobaba rescindir el contrato de 15 años (con inicio en 2013) de suministro energético, mantenimiento de edificios públicos y climatización de la empresa Cofely, por considerarlo “lesivo” y “perjudicial económicamente” para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta también que la empresa estaba siendo investigada en la trama ‘Púnica’. La empresa recurrió y en un auto fechado el pasado 27 de febrero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid ha anulado parte de ese acuerdo plenario, en el que el Ayuntamiento además obligaba a Cofely a seguir prestando sus servicios sin cobrar por ser considerados esenciales.

De esta forma el Ayuntamiento de Valdemoro dejó de pagar 45 facturas entre el 11 de noviembre y el 1 de abril de 2019 por importe de más de 2,1 millones de euros. Ahora la Justicia obliga a pagar los servicios prestados “pues no puede fundamentarse en la prejudicialidad penal para beneficiarse de la prestación de un servicio, sin abonar el precio”, según el auto. El Gobierno local ha trasladado el auto a los servicios jurídicos municipales para que estudien la viabilidad de recurrir el mismo.

El alcalde de Valdemoro, Sergio Parra, ha asegurado que “esta sentencia es un torpedo que va a dificultar aún más la recuperación económica del municipio, por cuanto tenemos que abonar más de dos millones de euros que no teníamos previsto y va a alargar la incapacidad del ayuntamiento para poder invertir en aquellas áreas que más necesitan de nuevas intervenciones y mantenimiento, como las zonas deportivas o los viales públicos, ¡entre otros servicios e infraestructuras”.

Parra ha añadido que “ya advertimos entonces - continúa el alcalde- cuando el Sr. Faraldos y su equipo se empeñaron en llevarlo al Pleno, que no nos parecía el mejor camino, por cuanto se estaba poniendo en riesgo la seguridad jurídica del procedimiento a cambio de un buen titular de prensa. Por supuesto que estamos a favor de pedir la reparación del daño que los contratos que forman parte de Púnica han hecho a este municipio, pero también estamos a favor de no hipotecar al Ayuntamiento y a sus vecinos con decisiones como las que se tomaron en el caso de Cofely y de otras empresas, que se hicieron a espaldas de lo que dice la Ley, y que como vemos en esta sentencia y en las que me temo que van a seguir a esta, van a causar un grave perjuicio a las arcas públicas y a todos los vecinos”.