La Comisión por la Verdad en las Residencias concluye que con atención sanitaria se podrían haber salvado más de 4.000 mayores

Madrid

Las familias que perdieron a uno de los suyos en la primera ola de la pandemia buscaron una forma de que continuara la comisión de investigación que se puso en marcha en la Asamblea de Madrid y que nunca volvió después de que Isabel Díaz Ayuso ganara las elecciones de mayo de 2023. Y la encontraron. El 13 de abril del año pasado se constituyó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias con el ex magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, como presidente.

Desde entonces han estado estudiando todo lo que tenía que ver con las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020. El pasado mes de septiembre terminaron todas esas investigaciones realizando una comisión por la que pasaron una treintena de personas entre residentes, familias, trabajadores, expertos y políticos. Ahora han presentado sus conclusiones.

Y entre esas conclusiones, subrayan que los protocolos que impidieron derivar a mayores a los hospitales se aplicaron, que no se medicalización las residencias, que no se utilizaron otros recursos, como el hospital IFEMA, que la comisión renombra en su informe no como el hospital milagro que dijo el Gobierno de Ayuso sino como el hospital propaganda. Y que tampoco se utilizaron los 68 hospitales privados ni los hoteles medicalizados. O, como ha resumido también Pallín recordando las palabras de Ayuso de hace unos días. "Cuando planteó como premisa o frontispicio que, al fin y al cabo, iban a morir todos".

En su informe la comisión destaca que las derivaciones a los hospitales cayeron de forma drástica, sobre todo, los días 20, 21, 22 y 23 de marzo cuando ya existían los protocolos por escrito. "De una media de 120 derivaciones diarias se cayó a una media de 65 del 7 de marzo al 31 de marzo", explica Fernando Lamata, médico y experto en gestión sanitaria que subraya que ese "cierre de las derivaciones" que tuvo un "impacto mortal". "No da lo mismo que se tomaran esas medidas. Se dice que hubieran muerto igual pero no da lo mismo. Las personas que se derivaron a los hospitales en ese tiempo tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65% en los hospitales. Ese mismo porcentaje aplicado a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser derivadas son más de 4.000 personas que podrían haber salvado su vida. No hubiera dado lo mismo", concluye Lamata.

En el informe se asegura que las decisiones que se tomaron fueron "perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo". Y han recopilado varios datos que dicen que la mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid duplicó la media de otras comunidades autónomas. Que fallecieron uno de cada cinco residentes y que 7.291 murieron sin atención sanitaria.

La Fiscalía no investiga

Las conclusiones de la Comisión Ciudadana son muy críticas con la actuación de la Fiscalía de la que se dice que no ha realizado una "investigación diligente, rigurosa y efectiva". "He sido fiscal durante más de 20 años y me duele doblemente lo que ha pasado", se lamenta Pallín, "tenemos datos de que en algunos supuestos ni siquiera asistía el representante del Ministerio Fiscal" por lo que eso demuestra "que se adoptó una postura, que por no calificarla más duramente, me parece conformista" como si lo sucedido "era inevitable y el derecho no tenía nada que decir", añade el magistrado emérito del Supremo.

Denuncian también la nula voluntad de transparencia del Gobierno de Ayuso por no haber retomado la comisión de investigación y piden que se reabra en la Asamblea de Madrid. El informe ahora se lo van a trasladar a todas las instituciones del Estado, incluida la Corona, y también a la Comisión Europea.

Además de Pallín, los miembros de esta comisión son María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California, Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria, Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional, Cristina Monge, socióloga y politóloga, y Eduardo Ranz, abogado y profesor de la Universidad Carlos III.