El exalcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y el actual cargo de confianza del PP en el ayuntamiento, Manuel Pradillo, se sientan en el banquillo por irregularidades en el PGOU
En 2020, ya la Audiencia Provincial le condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho por intentar sobornar a una edil de UPyD
Borja Gutiérrez, exalcalde de Brunete, en los estudios de Ser Madrid Oeste (foto de archivo) / Ser Madrid Oeste
El exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez y el exconcejal de Urbanismo Manuel Pradillo, actual cargo de confianza de la alcaldesa de Brunete, del PP, Mar Nicolás, se sientan esta semana en el banquillo de los acusados a raíz de una denuncia del arquitecto municipal en la época de los hechos juzgados por delitos relacionados con cuatro parcelas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El exalcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, niega haber ocultado un informe del arquitectos municipal en la época de la legislatura 2012-2015 para favorecer el interés del padre de un edil en unas parcelas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), extremo por el que se ha opuesto a pactar con la Fiscalía de Madrid
Los dos procesados defenderán hoy su inocencia en sus declaraciones ante el tribunal. Sus abogados ya han adelantado en los alegatos previos al juicio que sus clientes no cometieron los hechos de los que se les acusa en relación a un error intencionado que se detectó en el planeamiento urbanístico relativo a cuatro parcelas.
En el juicio, han comparecido los portavoces del PSOE e IU en aquella época. El primero no recordaba datos del expediente, ya que han pasado mucho años, mientras el segundo ha detallado que fue un tema polémico en los plenos.
Según su testimonio, no se tuvo conocimiento de un segundo informe del arquitecto municipal en el que se recogían los errores detectados en el plan urbanístico en relación a las citadas parcelas. De haberlo sabido, su grupo habría votado a favor de una modificación puntual del PGOU.
"Si se hubiera conocido, mi voto hubiera sido diferente. Nuestro grupo revisaba la documentación de los expedientes y ese informe se tenía que haber incluido", ha manifestado.
No es la primera vez que el exalcalde del Partido Popular se enfrenta a la Justicia. En diciembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho cometido al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del exregidor del PP en 2012.
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El juicio se celebra por jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal les imputa un delito contra los derechos cívicos, previsto y penado en el artículo 542 del Código Penal y un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El exalcalde se enfrenta a una petición de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público electo en la administración local por tiempo de tres años, mientras el exedil afronta una pena de dos años y seis meses de cárcel y multa de dieciséis meses, con una cuota diaria de 20 euros.
Hechos juzgados
Según el fiscal, el arquitecto municipal emitió en diciembre de 2012 a petición de los grupos de la oposición informe en que se concluía que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Brunete contenía un error en relación con cuatro parcelas en la zona denominada 'Charco Poleo'.
Respecto a las parcelas, el concejal de Urbanismo tenía "interés indirecto", al ser su padre propietario de una de ellas, ya que dicho Plan las había clasificado como 'Suelo Urbano Consolidado', cuando, en realidad, debían clasificarse como 'Suelo Urbano No Consolidado'.
Informe no concluyente
En abril de 2013 la entonces secretaria del Ayuntamiento emitió informe en que manifestó que, por los términos del informe del Arquitecto Municipal, éste no era concluyente, por lo que, hasta que no se emitiese informe concluyente, no procedería la incoación de procedimiento administrativo alguno para la revisión del PGOU.
En junio, el arquitecto emitió un nuevo informe en el que reformuló sus conclusiones en términos categóricos, el cual presentó en el registro del Ayuntamiento y entregó en mano al concejal de Ordenación del Territorio en aquel momento. El edil se abstuvo de "unirlo al expediente, reteniendo original y copia en su poder sin darle el curso legalmente establecido hasta después del pleno celebrado el día 15 de enero de 2015".
En febrero de 2014, el Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Brunete presentó una moción instando a que en el Pleno Ordinario que habría de celebrarse en el mes de noviembre de ese año, se presentase por parte del alcalde, un acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU a fin de corregir los errores que antes se han indicado.
Dicha moción fue rechazada por todos los grupos municipales, salvo el proponente, en Pleno Ordinario celebrado el 27 de febrero, dado que ignoraban la existencia del nuevo informe emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 7 de junio de 2013.
En uno de los Plenos, el alcalde y el concejal negaron categóricamente la existencia de otro informe distinto del emitido el 13 de diciembre de 2012 y, por lo tanto, la existencia del posterior de fecha 7 de junio de 2013, a pesar de ser conscientes tanto de su existencia como de sus obligaciones al respecto.
Según la Fiscalía, hasta la fecha "del presente escrito de acusación el Ayuntamiento no ha realizado actuación alguna tendente a corregir los errores detectados en el PGOU de Brunete".
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