El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este viernes en Hoy por Hoy que la Abogacía de la Generalitat está ya estudiando el decreto que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado que incluye el nuevo plan de cuenca del río Tajo, y que supondría el recorte del agua que llega a Alicante a través del trasvase Tajo-Segura. Puig insiste en que su objetivo es evitar guerras del agua y confrontación, por lo que el recurso de la Generalitat solo incluirá los aspectos que sean más lesivos para la Comunitat Valenciana y el texto al completo. Ese recurso a favor del trasvase y contra el Real Decreto se aprobará la semana que viene en el pleno del Consell que se celebrará en Orihuela. El jefe del Consell apuesta por buscar «soluciones y no griterío» y recuerda que es importante tener en cuenta la necesaria soberanía alimentaria de cara al futuro y pide huir del electoralismo. El BOE ha publicado este viernes el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Entre otras cosas señala que la necesaria compatibilidad del régimen de caudales ecológicos del plan del Tajo con el trasvase del Tajo-Segura aconseja una actualización de la normativa aplicable con el fin de que las decisiones sobre el trasvase se fundamenten en la misma, a la vista de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Para ello, la disposición final segunda, prevé someter al Consejo Nacional del Agua en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto una actualización normativa de las disposiciones que rigen el trasvase Tajo-Segura, aprobadas por el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre. Puig también ha tratado de marcar distancias con los exdirigentes del PSPV investigados en la trama Azud, que investiga el pago de comisiones a políticos a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de València durante los gobiernos del Partido Popular. El jefe del Consell insiste en que ya se han tomado medidas con los altos cargos socialistas imputados, como el exsubdelegado del Gobierno en València, Rafael Rubio, que fue apartado de sus funciones tras ser detenido, e insiste en que seguirán haciéndolo si se conocen más supuestas irregularidades. En todo caso, Ximo Puig insiste en que todo lo que se investiga ahora sucedió antes de 2015, con el PP gobernando en las principales instituciones valencianas, y resalta que la Comunitat Valenciana ha mejorado mucho su calidad democrática y la lucha contra la corrupción en los últimos ocho años. También ha calificado de «miserable» la actitud del PP tomándose las elecciones autonómicas «como una partida de ajedrez».