El cierre cautelar del balneario la Alameda de València por legionela llega a los tribunales
Han pasado ya tres meses desde que la concejalía de Sanidad clausurara el recinto tras emitir un informe que alertaba de la presencia continuada de legionela en sus instalaciones
València
El cierre cautelar del balneario de la Alameda de València ha llegado a los juzgados. Han pasado ya tres meses desde que la concejalía de Sanidad clausurara el recinto tras emitir un informe que alertaba de la presencia continuada de legionela en sus instalaciones, pero todavía no hay novedades sobre la posible reapertura. Fuentes de la dirección de este centro, que se ubica en un recinto municipal pero que se adjudicó a una empresa privada en 2016, confirman que han denunciado al Ayuntamiento porque consideran que el cierre es ilegal.
En una resolución firmada el 4 de noviembre, la concejalía de Sanidad ordenó la clausura del balneario de la Alameda tras detectar un riesgo para la salud pública por la presencia de esa bacteria en diferentes espacios. Sin embargo, la dirección mantiene que los niveles de legionela eran mínimos y que el cierre se debe a otros motivos. Por eso, han decidido denunciar al Gobierno local por la decisión en un caso que también investiga la Fiscalía.
Tres meses después se mantiene el cierre cautelar y la empresa que gestiona el recinto ha decidido despedir a los 13 empleados que trabajaban allí. Además, fuentes cercanas a la dirección alertan de que el cierre del edificio compromete su correcto mantenimiento y prevén que pueda haber desperfectos en el inmueble debido a su falta de uso.
Numerosas deficiencias
Como explicó la Cadena SER hace tres meses, los inspectores comprobaron que no funciona el sistema de cloración, los filtros de agua no tienen el mantenimiento adecuado y no se había hecho nada para reducir la presencia de microorganismos. Pero es que además no funciona el agua caliente en los vestuarios y, lo que es más grave según la resolución, existen patógenos que son susceptibles de provocar graves enfermedades.
La decisión, por tanto, es la del cierre cautelar e inmediato de las instalaciones. Los técnicos de Sanidad han pedido a la Policía Local que vigile el cumplimiento de esta orden ya que, de seguir abierto, los propietarios podrían incurrir en el delito de atentado contra la autoridad.
La empresa actual gestiona este balneario desde 2016, después de un largo proceso por el que el recinto, que era el único balneario urbano que quedaba abierto en España, no tuviera que cerrar. La anterior concesionaria entró en concurso de acreedores y estuvo varios años sin pagar el canon municipal por el uso de estas instalaciones, y finalmente hace seis años, otra compañía se quedó con la gestión y subrogó a los trabajadores.