El Ayuntamiento de Alicante lleva hasta un año incumpliendo una decena de sentencias judiciales firmes por irregularidades en el proceso selectivo para 32 agentes de policía del turno de movilidad de la Policía Local.

En el caso de estos diez opositores, que fueron suspendidos en la prueba médica (una de las tres pruebas del proceso, junto con un test psicotécnico y una valoración de méritos), los juzgados de lo contencioso estiman la "discrecionalidad técnica" con las que se llevaron a cabo las revisiones oftalmológicas y auditivas dirigidas por el jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento y miembro del tribunal, Andrés García Trillo.

La legislación contempla que, si continúa el incumplimiento de las sentencias, el Consistorio podría enfrentarse tener a multas reiteradas que oscilan entre los 150 y 1500 euros por cada uno de los casos. Todos los demandantes son policías locales con plazas en otros municipios de la provincia y se da la circunstancia que, alguno de ellos, llegó a superar con posterioridad las pruebas médicas de otros procesos selectivos.

Los jueces exigen al Consistorio de Alicante que vuelva a valorar los méritos de estos aspirantes para ver si su nueva puntuación les da derecho a una de las 32 plazas que se ofertaron. Los cuatro tribunales distintos que han emitido, hasta el momento, las 10 sentencias, quedan dos todavía pendientes, coinciden en la "discrecionalidad técnica" de la valoración médica. Incluso en algunos casos, según denuncian los opositores, se incumplieron las propias bases del proceso.

La discrecionalidad era tal, denuncian, que no se efectuaron las mismas pruebas médicas a todos los aspirantes, como ocurrió con el caso de la espirometría para medir la capacidad pulmonar.

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De hecho, en una de las sentencias se destaca que el demandante fue declarado apto en el reconocimiento médico de otra oposición a la que se presentó poco después de ser rechazado por el Ayuntamiento de Alicante, la convocada por el Consistorio de Alcoi.

Todos los demandantes tuvieron que recurrir a expertos externos para demostrar que no padecían ningún problema que les impidiera pasar la prueba.

Ejecución forzosa

Las primeras sentencias, que son firmes y ante las que no cabe recurso por parte del Ayuntamiento, comenzaron a dictarse hace un año, en abril de 2022. Ante el incumplimiento municipal, ya a finales del pasado año, los jueces instaron a la ejecución forzosa de las sentencias.

Sin embargo, hasta la fecha, lamentan los demandantes, no se ha producido ningún movimiento por parte del Ayuntamiento, pese a que, durante este tiempo, se ha contratado a agentes interinos.

Los demandantes entienden que hay otros agentes que llevan meses trabajando en Alicante en esas plazas y que se verían afectados si finalmente ellos son admitidos, pero consideran que "se debe cumplir la ley, y más si se trata de una administración pública".

Por ello, piden al Ayuntamiento una solución y que no se retrase más en el tiempo el cumplimiento de unas sentencias "que ya se habrían ejecutado en caso de tratarse de particulares".

Según ha podido saber Radio Alicante, el próximo 9 de mayo se ha programado la primera vista con uno de los afectados y el propio Consistorio para que los representantes municipales expliquen por qué no se han cumplido las sentencias de hace un año, además de indicar la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de las mismas.

Existe, además, otra sentencia pendiente, que todavía no es firme, en la que un opositor denuncia su exclusión en la primera prueba, el test psicotécnico. El tribunal estima que los criterios de valoración no fueron los mismos que los exigidos en las oposiciones de turno libre y de consolidación "cuando se va a ocupar un mismo puesto de trabajo".

Estas plazas, recordamos, se destinan al traslado de agentes que ya trabajan en otros cuerpos de policía local y aglutina esta oferta de empleo público las de 2017, 2019 y 2020. Para esta oposición tan solo se realizan tres pruebas: el test psicotécnico, la revisión médica y la valoración de méritos.