Caos en la Dirección Territorial de Bienestar Social: más de 1 año y 4 meses de espera para la concesión y revisión del grado de discapacidad

Varias asociaciones de personas con diversidad funcional de Castellón denuncian que la Dirección Territorial de Bienestar Social, oficina dependiente de la Generalitat y encargada de la valoración, concesión y revisión de los grados de discapacidad, sufre un "atasco" que está provocando un retraso en los procesos de un año y cuatro meses.

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El certificado de discapacidad acredita de manera oficial la condición legal de las personas con diversidad funcional, a las que se concede, mediante este documento, un grado de discapacidad concreto que se evalúa mediante un baremo estatal, valorando las limitaciones del ciudadano, así como factores sociales complementarios relativos como el entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural, que dificultan su inclusión social.

No percibir asignaciones económicas o quedarse sin subvenciones para sillas de ruedas, entre las consecuencias

Benito Pérez, afectado y coordinador de la Oficina Vida Independent de Castellón, explica en declaraciones a Radio Castellón que el hecho de no poder acceder a estos certificados supone un grave prejuicio para las personas con diversidad funcional e impide, entre otras consecuencias, percibir la asignación económica correspondiente, acceder a medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad, a adaptaciones de puestos de trabajo, de pruebas selectivas en el acceso al empleo público, a subvenciones de material de apoyo, como muletas o sillas de ruedas o adaptaciones en el hogar.

En el caso de los menores, no contar con el certificado o con un porcentaje concreto de movilidad reducida implica no poder acceder a ayudas para recursos y apoyos en los centros educativos.

Un agravio económico constante

Pérez afirma que las personas con discapacidad sufren "un agravio económico constante" y que el hecho de tener reconocido este documento oficial tratan de compensar la precariedad de muchos ciudadanos.

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En su caso, el certificado de discapacidad le fue concedido en 2003 y, ahora, quiere solicitar una plaza personalizada de aparcamiento para personas con movilidad reducida en Castellón, para lo que necesita un 50% de discapacidad reconocida. Pérez se encuentra en la lista de espera desde mediados del pasado 2023.

Pérez asegura que la explicación que se ofrece desde la Dirección Territorial de Bienestar Social es que la falta de médicos que realicen las valoraciones está atascando los certificados. También han solicitado entrevistarse con la Dirección General de Discapacidad de la Generalitat y con la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero pero denuncian que nunca obtienen respuesta.

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El Síndic abrirá queja de oficio si la lista de espera no se reduce

Cabe destacar que este miércoles el Síndic de Greuges anunció que abrirá una queja de oficio si los datos en la Comunitat de la lista de espera de la dependencia correspondientes al mes de marzo, y que se conocerán a principios de abril, no revierten el incremento que ha experimentado en el último semestre de 2023.

El Síndic ha advertido del incremento "incomprensible" e "inusual" de la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que de julio a diciembre de 2023 pasó de 13.000 a más de 18.000 personas.