Una encuesta del Ministerio desmiente, según CATS, que la prostitución se ejerza mayormente obligada por terceros

Una encuesta anónima a 318 prostitutas de Alicante, Murcia, Albacete y Almería, y en encuentros sectoriales en Madrid, revela que menos del 10% ejercen obligadas por terceros.

Es una investigación pionera, financiada por el propio Ministerio de Igualdad y de Derechos Sociales.

En Hoy por Hoy Alicante, Fuensanta Gual, presidenta del comité de apoyo a las trabajadoras del sexo, CATS, ha insistido en lo minoritario de ese porcentaje, que desmiente, a su juicio, el argumento para querer abolir la prostitución.

Afirma que hay un interés "político exclusivamente" en vincular prostitución a una decisión forzada, que conlleva que se criminalice a las prostitutas. La prueba, dice, son algunas respuestas ofrecidas libre y anónimamente por escrito por estas mujeres.

Entre ellas, que el 32% dejaría la prostitución por cualquier trabajo, donde más del 70% de las encuestadas eran mujeres sin papeles, por lo que el no tener un permiso de residencia condiciona, die Gual, pero sobre todo, que el 53% lo dejaría solo en función de la rentabilidad de ese nuevo trabajo.

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Otros datos decisivos que se desprenden: que la media de inicio a la prostitución es a los 27 años, y solo un 3% empiezan siendo son menores, o que el 42% son madres solteras y el 84% tiene familiares a su cargo y básicamente ejerce la prostitución para ayudar a su familia.

Critica por ello esta doctora que el PSOE prepare una proposición de ley sin un conocimiento de la realidad y confía en que la ministra les escuche, porque cerrar clubs y pisos y multar a los clientes solo puede suponer una mayor explotación y violencia contra estas mujeres, dice.

Algo que apoya en otro dato de esta investigación: y es que entre el 80 y el 92% de las encuestadas está en contra de las políticas abolicionistas, porque desde su punto de vista, por muy buena intención que tenga, afirma, "esas medidas las asfixiarán o impedirán trabajar, o las mandarán a lugares peores, y a meterse en pisos donde son más explotadas".

Y frente a las alternativas de abolición o regulación, como ocurre en Alemania y Holanda, ellas piden que se despenalice, porque "lo que llaman regulación es en realidad, una prohibición", afirman.