El abandono de cultivos provoca un aumento en más de 100.000 hectáreas de la masa forestal de la provincia de Castellón

Castellón

Según el último Inventario Forestal Nacional, que corresponde a 2008, la provincia de Castellón cuenta con 423.000 hectáreas de suelo forestal. Los datos muestran que desde 1975, año en el que se registra el primer inventario, hasta la actualidad, el suelo forestal ha aumentado en 111.365 hectáreas, entre otros motivos, por el abandono de los cultivos.

¿A quién pertenece el suelo forestal?

El ingeniero forestal y director de Medi XXI, empresa dedicada a las soluciones ambientales, explica que "en ocasiones tendemos a pensar que el monte es de todas las personas, pero los terrenos forestales, al igual que los rústicos y los urbanos, son propiedad de una persona, institución o administración pública, entre otros.

Dalmau explica que en la Comunitat Valenciana el 55,2% de los terrenos forestales pertenecen a particulares, el 38,6% son de propiedad pública y del 6,2% se desconoce su titularidad.

Sobre los terrenos de titularidad pública, afirma que estos se reparten fundamentalmente entre los ayuntamientos, que poseen tres cuartas partes de los terrenos forestales públicos (76%), quedando una menor proporción en manos de la Generalitat (15,4%) y otros entes locales (8,5%). En este punto, Dalmau insiste en que los ayuntamientos no cuentan con recursos suficientes, ni económicos ni humanos, para hacer frente a esta gestión.

Por tanto, el experto incide en que deben ser las diputaciones las instituciones superiores, como la Generalitat, las que ofrezcan esos fondos, sobre todo en materia de personal y, no solo para gestionar el propio territorio y los recursos que genera, como la madera, sino para crear trabajo y riqueza en él.

Aclara que "desde las administraciones sí que se han ofrecido lotes para que la población de salida a ese material y se aproveche, por ejemplo, la madera, pero no hay demanda porque se prioriza el uso de otros materiales, como el plástico".

La mayoría del suelo forestal es privado

Sobre el 55,2% del suelo forestal que corresponde a terreno privado, Dalmau explica que la mayoría del territorio de la Comunitat se caracteriza por estar dominado por un minifundio privado, en concreto, más de la mitad de esta superficie está formada por explotaciones inferiores a una hectárea ligadas al uso agrícola. Es en este punto donde vuelve a aparecer la problemática del abandono de los cultivos.

El abandono de los cultivos continúa aumentando el riesgo

Entre los motivos del abandono de las explotaciones, según la Unió Llauradora i Ramadera, entre otros factores, se encuentran los precios injustos que perciben los agricultores, la competencia desleal que sufren o "la falta de sentido común" de las últimas medidas tomadas por la Generalitat que suspenden las quemas agrícolas hasta el próximo 15 de octubre para "prevenir" los incendios forestales.

Sobre esta última cuestión, Carles Peris, secretario general de la Unió, explica, en declaraciones a esta emisora, que "en un contexto de cambio climático y sequía prolongada hay que actuar con prevención, pero con sentido común, porque no todas las zonas tienen el mismo riesgo y hay que publicar excepciones, por ejemplo, de los cultivos alejados de zonas forestales y que se encuentran en época de poda, como los cítricos".

El Consell elimina una línea de ayudas a agricultores de dos millones de euros

Además, la Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la Generalitat ha eliminado una partida de dos millones de euros de los actuales presupuestos que el anterior gobierno del Botànic incorporó a las cuentas de 2023 tras el incendio de Bejís, a propuesta del sindicato agrario, para conceder ayudas a los agricultores con cultivos cercanos a zonas forestales.

Peris explica que esos dos millones de euros se encontraban en los anteriores presupuestos de 2023 pero llegaron las elecciones autonómicas y no se publicó la orden para poder acogerse a esa línea de ayudas y, ahora, el actual Consell las ha eliminado de los presupuestos, según denuncia la Unió. Entre las consecuencias de ese movimiento destaca, según Peris, el aumento del abandono de los cultivos, sobre todo en las zonas de secano del interior de la provincia, que cada vez son menos rentables.

Pagos por servicios ambientales a los agricultores

En este sentido, el ingeniero forestal, Ferrán Dalmau, asegura que están al tanto de esta cuestión, pero incide en que el no es partidario de implementar ayudas a modo de subvención, sino, directamente, como pagos a los agricultores por servicios ambientales, como ya hacen otras comunidades como Canarias.

Explica, además, que "otra perversión del sistema es que, debido a ese abandono, lugares como estos bancales trabajados, que eran puntos de anclaje de los propios bomberos, están dejando de serlo y se están perdiendo hectáreas de cortafuegos naturales, muchas veces pegados a los pueblos, como vimos en Bejís". Es un error, según Dalmau, no integrar pagos a los agricultores por estos trabajos y, además, "habría que promocionar el trabajo en el sector primario entre los jóvenes".

"Si queremos tener un ejército de personas que transformen el territorio, como agricultores, ganaderos o selvicultores, hace falta dignificar esa vida. Y eso no solamente implica pagar precios justos por sus productos, también pagar rentas y desviar fondos hacia el mundo rural", concluye Dalmau.