El centro histórico de València y el Cabanyal son las zonas con más denuncias de pisos turísticos irregulares

Esta semana el Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar una moratoria de un año para conceder licencias de nuevos pisos turísticos. Una medida que, según algunas entidades vecinales, podría no ser suficiente para solucionar la situación si no va acompañada de una campaña intensa de inspección porque el problema no solo son los apartamentos turísticos con licencia, sino los que funcionan de forma irregular.

En menos de una semana, la web de Compromís para denunciar pisos turísticos ilegales ha acumulado más de 300 denuncias. Los vecinos creen que son muchos más, así que reclaman al consistorio de la ciudad una política decidida para regular este negocio. Mientras, la patronal de pisos turísticos acusa a la alcaldesa, María José Catalá, de criminalizar el sector.

Ciutat Vella y el Cabanyal son los dos barrios con más presión de pisos turísticos irregulares, según los datos que ha recogido Compromís a través del portal para denunciar de forma anónima los apartamentos de uso turístico que no tienen licencia. Ya han recogido más de 300, pero consideran que son muchos más. La asociación vecinal Amics del Carme pide al Ayuntamiento medidas urgentes y decididas para controlar un sector que impacta mucho sobre el precio de la vivienda.

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Su presidente, Lluís Mira, considera una buena noticia el anuncio de la alcaldesa Catalá de aprobar una moratoria de un año de nuevos pisos turísticos, aunque solo si también paraliza las licencias que ya están en trámite. Además, cree que eso debe ir acompañado de una campaña de inspección más intensa para cerrar los pisos turísticos que actúan de forma irregular y que, según él, son más de 300.

La patronal de pisos turísticos Avaec acusa a Catalá de criminalizar al sector

Por su parte, los empresarios de pisos turísticos acusan a Catalá de criminalizar al sector y de dar una imagen poco ajustada de la realidad de las viviendas de uso turístico. La Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia (Avaec) está en contra de la moratoria y reclama que, si se aprueba, también incluya la prohibición de abrir hoteles.

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Su presidente, Eric Sanjaime, asegura que estos establecimientos contribuyen a los problemas de vivienda en las ciudades y cree que es discriminatorio señalar solo a los pisos turísticos.

Todo eso en una semana en la que Compromís ha presentado también una plataforma para que la ciudadanía haga llegar sus denuncias anónimas de sospechas de pisos turísticos ilegales. Sanjaime asegura que están a favor de que toda la oferta esté regulada e inscrita en el correspondiente registro pero dice que la plataforma de Compromís no presenta manera de comprobar si el piso que se denuncia reúne las nuevas condiciones que se exigen a los apartamentos o las antiguas.

En 2018, explica, se cambió la normativa, y desde entonces no se permite tener viviendas de uso turístico en pisos dentro de edificios residenciales a no ser que sean primeros pisos, bajos o fincas completas. Dice que los que cumplían los requisitos antiguos están recibiendo órdenes de cese, lamenta la falta de alternativas y dice que ellos cumplían con las condiciones.

De momento, ningún grupo confirma su voto

A dos días de que se celebre el pleno en el que el Partido Popular (PP) presentará esa moratoria, todavía no está claro que se apruebe, ya que ninguno de los grupos municipales, más allá del popular, confirman a esta hora su apoyo.

Compromís denuncia que el PP todavía no haya contactado con ellos para trasladarle su planteamiento y, aunque está de acuerdo con el fondo, esperará a ver la letra pequeña. La portavoz de la coalición, Papi Robles, afirma que siempre han tendido la mano al PP con la moratoria, pero cree que hace falta un acuerdo de ciudad sobre el tema.

Por su parte, los socialistas tampoco conocen aún el texto del documento que debería aprobar la moratoria y califican el anuncio de Catalá de electoralista, ya que, consideran, se podía haber mucho antes. Además, fuentes Vox, socio del Gobierno local, explican que siguen estudiando el documento y no confirman el sentido de su voto.

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