Aerte insta al Consell a revisar los costes para el nuevo decreto de residencias aunque teme que el presupuesto no crecerá

Valencia

En la Ventana Comunitat Valenciana damos cuenta del caso de una residencia para mayores, la Orpea de València, que ha comunicado a sus cerca de cien residentes que cerrará el 30 de noviembre y que las familias tienen cinco meses para reubicar a todas las personas que viven allí. No es muy habitual este caso, por eso hablamos con José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de residencias y servicios a personas dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte).

"La verdad es que, en la Comunitat Valenciana, recientemente ha habido algún caso pequeño, pero es verdad que es una situación que no es muy normal, precisamente, en la Comunitat Valenciana, donde tenemos una carencia muy importante de recursos, por lo tanto es sorprendente", dice Toro que, no obstante, cree que no habrá problema alguno de reubicación. "Aunque los niveles de ocupación son altos siempre, es verdad que quedan plazas disponibles en algunos centros y es verdad, también, que el período de tiempo que ha dado la empresa para poder realizar está bien. Nosotros pensamos que puede ser suficiente para que se pueda llevar a cabo la reubicación dándole las plazas públicas que tiene que hacer la Administración en los centros de la concertados, como en otras plazas privadas".

Toro, eso sí, recuerda que plazas, en la Comunitat Valenciana, hay, las justas. "No sobran públicas ni sobran privadas, de hecho, la propia Asociación Estatal de directoras y gerentes cifra la carencia de plazas en territorio valenciano en 15.000. Es verdad que esta situación puede grabar un poco la situación. Si un cierre de estas características tuviera lugar en una comunidad como Castilla y León, no habría problema en recolocar de manera inmediata a todo el mundo, pero aquí requerirá más tiempo" explica Toro.

El presidente de Aerte insiste en que hay un déficit de plazas importante. Ni recursos para personas mayores ni para tener a la gente con problemas de salud mental, según Toro que culpa al Botànic de esta situación. "Esto ha venido históricamente por los últimos años del Botanic, por el rechazo a la iniciativa privada, a la inversión, pero al mismo tiempo, también los decretos y normativas que se han ido aprobando aquí y que ahora mismo están en revisión, también ha provocado una falta de interés en el sector. De hecho, preguntaba a Conselleria en una reciente reunión, si sabían exactamente cuál era el número de centros que se ha presentado para ser autorizados y abiertos, desde la entrada en vigor del nuevo decreto de tipologías que se produjo en marzo del 2023 y se había reducido muchísimo el interés en abrir este tipo de centros por los requisitos nuevos que se exigen que ahora", denuncia el representante de la patronal.

La conselleria de Servicios Sociales está en tiempo de revisión de ese decreto, pero, mientras pasa el tiempo, "este proceso de revisión también está provocando que muchas entidades esperen a conocer el texto definitivo, con los requisitos exactos que se van a pedir para poder empezar esas solicitudes de autorización", es decir, que se sigue con la dinámica anterior al gobienro PP Vox, que denunciaba Aerte. "Sí, claro, porque la propia Administración se comprometió y ha ido avanzando para modificar ese decreto de tipologías desde que entró y la idea era hacer un decreto que fuera más adaptado a las necesidades y a las capacidades económicas tanto de las familias como de la propia Administración, y este proceso que nosotros valoramos positivamente, evidentemente lo que está provocando es esa dilación que está manteniendo la inseguridad jurídica. ¿Quién va a abrir un centro hoy si no sabe que requisitos va a tener que cumplir cuando se apruebe el texto definitivo? Esperemos que a final de año, o a principios del año que viene, como muy tarde".

Costes del decreto de Tipologías

Tiempos y requisitos. Ratios y demás, también están revisión. "Ya dijimos, en su momento, que el gobierno del Botanic no había hecho un buen ejercicio económico de cálculo de los costes que tenía cada requisito nuevo que se recoge en el decreto de tipologías, es decir que si nosotros queremos que haya dos o tres auxiliares más en un centro, o diez, eso tiene un coste económico: para pagar las nóminas de esas personas que se verá repercutido en el coste de la plaza, y después hay que calcular, si el coste lo va a pagar la Administración, si puede abordar ese incremento de esas 10 personas, cómo se mejoran las prestaciones que reciben las personas usuarias, o bien subiendo los precios de concertación con las plazas que tengan públicas en centros privados, si eso no se produce, o aumentará el copago que tienen que hacer las familias por tener un residente en su centro, y nosotros, lo que planteamos es que los requisitos que se recojan se valoren bien y se decidan quién va a poder abordarlos económicamente. Porque tenemos el temor de que el presupuesto del año que viene no vaya a crecer, y si no crece, cómo vamos a pagar más requisitos a los centros que tienen que cumplir con esas exigencias que recoge el nuevo decreto".

En cualquier caso, ya hay normas nuevas, el decreto Simplifica, aprobado esta semana, que sí recoge ciertas peticiones de Aerte. "Esperamos que pueda ayudar a facilitar este proceso de apertura, es verdad que algunas cosas importantes que habíamos pedido no ha sido recogidas pero bueno, yo creo que sí ha sido un pequeño avance, por lo menos, en nuestro sector, a la hora de poder fomentar este esta inversión".

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