Ángel Gabilondo, sobre los derechos ciudadanos tras la DANA: "Es el momento de que alguien diga 'yo sí he sido'"

Alicante

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, han insistido este miércoles en hacer funcionar los mecanismos de coordinación "en toda su dimensión", entre administración central y autonómica, que están ya habilitados ya por distintas leyes.

Y han anunciado una queja de oficio para preguntar si van a crear una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa aprobada al respecto”.

Ambos defensores han mostrado esta preocupación tras reunirse hoy en la sede de la sindicatura, para abordar la supervisión de actuaciones de la administración en la reconstrucción tras la DANA, y en defensa de los derechos de la ciudadanía.

"Es el momento de que alguien diga 'yo sí he sido'", afirmaba Gabilondo, antes de pedir corresponsabilidad.

Coinciden en que la ciudadanía está saturada con el debate sobre las competencias y afirma Gabilondo que ellos no son jueces ni políticos que deban decidir cómo constituir esa comisión, pero sí es su obligación instar a ello a uno y otro gobierno.

Preocupa, sobre todo, añadía Luna, que existan protocolos de coordinación y actas donde deben constar actuaciones, que no se producen. Y también que sobrevuele el temor a que no se puedan gastar los suficientes recursos económicos en este asunto, tras las reuniones entre el comisionado del gobierno para la reconstrucción de la DANA, José María Ángel, y Gan Pampols, conseller para la Recuperación económica de la Comunitat.

Luna, quien afirma que la coordinación con el Defensor del Pueblo empezó desde "el minuto cero" tras la DANA, señala que ambos organismos han recibido quejas que han ido tramitando. En el caso de actuaciones y quejas en relación con la Administración General del Estado, ha explicado que las han derivado al defensor del Pueblo.

A este respecto, de las relativas al consorcio de compensación de seguros, algunas de ellas ya se encuentran cerradas, después de la intervención del defensor del Pueblo.

También ha informado sobre tres quejas de oficio que abrieron a partir del 6 de enero, "una en relación con la actuación de servicios sociales tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos en el área de la DANA, otra en relación con la situación de los centros educativos y de la educación en general en el área de la DANA, y otra relativa a la vivienda".