Silvia Blasco (APTUR): “El Ministerio está criminalizando a familias y pymes legalmente registradas”
APTUR rechaza que las viviendas con solicitudes revocadas sean consideradas ilegales y acusa al Gobierno de invadir competencias autonómicas
Aptur acusa al Ministerio de perseguir "la oferta legal" de pisos turísticos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Benidorm
Silvia Blasco, presidenta de APTUR Comunidad Valenciana, ha considerado “una persecución a la oferta legalmente establecida en cada comunidad autónoma” el último comunicado del Ministerio de Vivienda en el que se notifica que 7.499 pisos turísticos son ilegales en la Comunitat Valenciana, 476 de los cuales se localizan en Benidorm, y se pide a las plataformas que los comercializan que retiren sus anuncios.
Se trata de viviendas que han solicitado número de registro obligatorio pero no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales y constan como revocados. Sin embargo, Blasco considera que el Ministerio “confunde revocación o falta de subsanación de datos con ilegalidad y eso, judicialmente, es incorrecto. Ninguna solicitud incompleta equivale a que un negocio sea ilegal.”
En Hoy por Hoy Benidorm, La presidenta de la patronal del alojamiento turístico ha expresado el malestar del sector que se siente agraviado reprochando que “ninguna vivienda que no fuera legalmente registrada iría al censo estatal a inscribirse como vivienda de uso turístico. No tiene ningún sentido”.
Explica que en algunos casos el hecho de que la solicitud no haya podido ser tramitada de forma presencial, por encontrarse el propietario en el extranjero y no tener firma digital, ha supuesto la revocación de la solicitud porque no se ha admitido que la presentara un representante en su nombre. “Hasta que no venga en persona, la solicitud no puede completarse, pero eso no convierte la vivienda en ilegal”, explica.
De hecho, recuerda que los requisitos legales de un Registro de la Propiedad “nada tienen que ver con los requisitos legales de la normativa autonómica que es la competente para ordenar el turismo y sus modalidades alojativas”. Acusa a la Administración central de no haber tenido en cuenta a las comunidades autónomas “a la hora de elaborar el Real Decreto para establecer la ventanilla única donde debemos inscribirnos”, lamenta.
El sector de los apartamentos turísticos se siente damnificado por la normativa estatal por “criminalizar administrativamente a decenas de miles de familias sin resolución firme ni procedimiento garantista”. Afirman que los requisitos del registro estatal son “tan rígidos” que consiguen que “lo que es de obligado cumplimiento se convierta en imposible cumplimiento”.
La presidenta de APTUR lamenta que lo que “inicialmente pensábamos que era para combatir la ilegalidad” se haya convertido en una normativa que “está yendo a por lo estrictamente legal dentro de cada comunidad autónoma”.
