Un informe municipal alertó de conflictos de intereses en la adjudicación de las viviendas públicas de playa de San Juan

Alicante

Un informe interno del Servicio de Gestión Patrimonial Municipal puso en alerta al Ayuntamiento de Alicante sobre posibles conflictos de intereses en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, ahora bajo sospecha. Conflictos de intereses por parte de empleados y cargos municipales que pudieron haber participado en el expediente.

Así se recoge en la denuncia presentada este martes por el Ayuntamiento ante la Fiscalía para que se investigue si se ha cometido alguna infracción penal en el procedimiento de adjudicación de estas viviendas.

En ese informe se dice que, concluida la construcción de las VPP de la urbanización Les Naus y cerca ya del cierre del expediente, la cooperativa encargada de la promoción remitió al Consistorio un listado de los inmuebles entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios, acreditando además que todos cumplían con los requisitos legales para tener derecho a una VPP.

Al estudiar esos datos, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que, entre los compradores adjudicatarios, había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplían los requisitos exigidos por la normativa, esos vínculos personales levantaron "señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo", según la denuncia presentada en Fiscalía.

Deber legal de abstención

Por ello, se elaboró un informe que señalaba estos posibles conflictos de intereses, apuntando el deber legal de abstención en los casos con interés personal. Además, advertía del posible incumplimiento de las condiciones de acceso por el nivel económico y la categoría laboral de los funcionarios beneficiarios. Condiciones que harían "previsiblemente imposible" cumplir con esos requisitos de capacidad económica que se exigen acceder a una vivienda pública.

El informe incluyó que, al menos, un arquitecto municipal adjudicatario "participó activamente" en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa "sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente la normativa, en concreto, la Ley 40/2015.

No se actuó en el momento

Por ello, el Servicio de Gestión Patrimonial concluyó que podían derivarse responsabilidades a las personas implicadas, algo que también podría "afectar a la imagen" del Ayuntamiento. Pese a este informe, el equipo de gobierno del PP no tomó ninguna medida hasta que el pasado 29 de enero se conoció el escándalo. Fue entonces cuando el alcalde Barcala pidió un expediente de averiguación de hechos al secretario municipal.

El expediente del secretario municipal establece que ninguno de los tres técnicos municipales ni la edil del área beneficiarios de estas viviendas habían tenido "poder decisorio" en el procedimiento, por lo que no tenían obligación de abstenerse como adjudicatarios de las VPP.

Pese a todo, el Ayuntamiento cree que persisten "incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos" durante la investigación interna. "Preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente" que "pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados", sin descartarse que pudieran haber aprovechado "la posición o información privilegiada de los empleados municipales vinculados" a su cargo.

Por ello, el Ayuntamiento denuncia los hechos a la Fiscalía con el objetivo de que, "sin señalar a priori responsables concretos", éste evalúa la posible relevancia penal.

No se resuelven las incógnitas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha criticado que el expediente de averiguación encargado por Barcala no analiza lo que ha pasado y no resuelve las incógnitas sobre la polémica adjudicación de viviendas. "Barcala reconoce ante Fiscalía que puede haber habido un conflicto de intereses, pero el informe interno que el propio alcalde ha solicitado, y que sólo relata hechos, no llega a ninguna conclusión y pretende exonerar al gobierno del PP de cualquier responsabilidad", asegura.

"Seguimos sin saber por qué no se han realizado controles por parte del equipo de gobierno para evitar que altos cargos del PP se beneficiarán con viviendas públicas, impidiendo el fin social del derecho a la vivienda", concluye la portavoz socialista.

Por su parte, para Esquerra Unida - Podem la información revela que el Ayuntamiento de Alicante conocía desde 2025 posibles conflictos de intereses. "Lo que hoy se conoce es gravísimo. El Ayuntamiento de Alicante conocía desde 2025 que en la promoción de vivienda protegida de Les Naus existían incompatibilidades en las adjudicaciones, y aun así no actuó. No lo advirtió la oposición: lo advirtió Patrimonio municipal", alerta su portavoz Manolo Copé.

"El alcalde, Luis Barcala, tuvo sobre la mesa esos informes y decidió mirar hacia otro lado. En una ciudad con emergencia habitacional, eso no es un error administrativo: es una irresponsabilidad política intolerable!, añade.

Además, recuerda también que la concejala de Urbanismo sí tuvo que ver en el proceso cuando, en 2024, votó en Junta de Gobierno Local el cambio del responsable del contrato, "sacándolo de Patrimonio y colocando como asesor a personal de su propia concejalía. El mismo asesor que elaboró después un informe que permitió ampliar plazos y evitar sanciones a la cooperativa promotora", señala Copé.