La juez imputa a toda la junta directiva de USCA por el conflicto de los controladores aéreos

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha aceptado la petición hecha por la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo.

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Luis Vericat, letrado de dicha asociación, ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" porque confirma lo que han denunciado desde el principio, es decir, que a su entender todo fue "un plan pensado y organizado por los dirigentes del sindicato".

USCA convocó a sus afiliados la noche del 2 de diciembre mediante mensajes de SMS para distintas asambleas que se celebraron la mañana del 3 de diciembre, pocas horas antes de que más de 400 controladores de toda España abandonaran injustificadamente su puesto de trabajo, ha resaltado Vericat, del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

"Las declaraciones de los dirigentes de USCA van a arrojar mucha luz sobre lo que pasó los días 3 y 4 de diciembre", ha añadido el letrado, que cree que hasta ahora estaban solo imputados los controladores que habían secundado el abandono masivo pero no los que lo habían planificado. "Ahora ya están todos lo que tenían que estar", ha enfatizado.

El presidente de USCA, Camilo Cela, ya acudió a declarar el pasado mes de julio, primero como controlador y después como líder sindical, y entonces alegó que su ausencia en el puesto de trabajo esos días estaba justificada porque contaba con una dispensa sindical, según otras fuentes jurídicas.

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Sin embargo, para la Agrupación de Demandantes el líder sindical tenía previsto trabajar como controlador la mañana del 3 de diciembre y se pidió esa misma mañana un permiso por su cargo.

Por otra parte, la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el cual deja sin efecto la inhibición que acordó el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid a favor de la jurisdicción militar por los hechos ocurridos a partir de las 12:30 horas del 4 de diciembre, momento de la publicación del real decreto que estableció el estado de alarma.

El auto señala que "no se desprende la existencia de ningún conflicto en el aeropuerto con posterioridad a la publicación del real decreto que declara el estado de alarma o que se hubiera producido una contravención de las órdenes dadas por las autoridades militares".

Por ello, los retrasos y suspensiones de vuelos, aun cuando se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto, "serían consecuencia de hechos anteriores y del conflicto surgido con anterioridad", señala la Audiencia madrileña.

Vericat ha dicho que la decisión es "acertada" porque cuando se estableció el estado de alarma todos los controladores se incorporaron a su puesto de trabajo y recuperaron "curiosamente y milagrosamente la capacidad psicofísica que habían perdido horas antes".