La jueza Alaya impone a Guerrero una fianza de 686 millones
La magistrada Alaya ha impuesto esa medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión
La jueza que investiga las supuestas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, exige una fianza de 686 millones de euros a Javier Guerrero, exdirector general del Trabajo de la Junta con el fin de asegurar la devolución de las "ingentes cantidades de dinero que han salido de manera supuestamente ilícita del erario público". En un auto notificado este viernes, la jueza también ha rechazado expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso, como había pedido el abogado de Guerrero
Más información
- La Junta, satisfecha con la decisión de la jueza de enviar a Guerrero a la cárcel
- La jueza Alaya envía a prisión a Javier Guerrero
- Javier Guerrero recurre su ingreso en prisión
- Declara ante Alaya el exchófer de Guerrero
- La Fiscalía pide de nuevo prisión para el exdirector general de Trabajo andaluz Francisco Javier Guerrero
- Operación contra la trama de los ERE pagados con fondos públicos en la Junta andaluza
- La Guardia Civil cifra en 50 millones de euros el desvío de comisiones
Esta fianza rebaja la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 933 millones de euros. Alaya ha sumado, para establecer esta cantidad, las ayudas sociolaborales concedidas por Javier Guerrero en sus nueve años como director general de Trabajo, las ayudas abonadas a las empresas en crisis, las ayudas recibidas por los intrusos y los pagos cruzados que ordenó.
La magistrada rechaza además en el auto notificado este viernes a las partes, la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta de Andalucía como acusación particular en este procedimiento, así como que sea considerada responsable civil subsidiaria. La magistrada explica que si la Junta fuera responsable subsidiariamente los verdaderos perjudicados por el delito serían los andaluces, que con sus impuestos acabarían pagando lo defraudado y se convertirían, dice en doblemente perjudicados, primero por el "despilfarro" y luego por tener que abonar el dinero. Un razonamiento fundamentado, asegura Alaya, en doctrina del Supremo.
El jueves declaró Ramón Díaz, quien fuera parlamentario y mano derecha del ex consejero José Antonio Viera. Este último intentó que Ramón Díaz formara parte de la comisión permanente del Parlamento, lo que le hubiera supuesto inmunidad.
