Operación contra la trama de los ERE pagados con fondos públicos en la Junta andaluza

La policía judicial del grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, con el apoyo de agentes de la unidad contra la corrupción de Urbanismo y agentes adscritos a la Fiscalía Anticorrupción se han desplazado hasta Sevilla y distintas ciudades en esta operación que ha comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles, según la información que ha adelantado la Cadena SER. Ya por la tarde, la juez Alaya ha vuelto a enviar a prisión a Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo andaluz.

La jueza instructora titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado nueve citaciones judiciales para que los implicados acudan a declarar al juzgado a lo largo de este miércoles. Entre ellos, el principal imputado en los falsos ERE con fondos públicos, Francisco Javier Guerrero, el que fuera Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años.

La operación policial consiste en distintas actuaciones, entre ellas, una veintena de detenidos y 13 registros en domicilios, despachos y consultorías vinculadas al fraude de las subvenciones en la Junta de Andalucía. Sobrecomisiones, aseguran los agentes judiciales, que iban a parar a distintas autoridades de la Junta por su participación en la tramitación de las ayudas y que después habrían sido objeto de un proceso de blanqueo de capitales para darles apariencia de legalidad hasta llegar a los beneficiarios del fraude, fundamentalmente consultoras, despachos de abogados y mediadores.

Precisamente por este recorrido ilícito del dinero a los detenidos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, una imputación que hasta ahora no se había dado de manera generalizada. Además han tenido que responder a posibles delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, asociación ilícita y fraude a Hacienda.

Otro citado clave en la operación es la del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, hombre fundamental en la trama de los ERE. Según la investigación, el conseguidor por excelencia para lograr prejubilaciones fraudulentas. Lanzas fue detenido en su día por haber sido incluído junto a su mujer, Patrocinio Sierra, en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Hitemasa, empresa malagueña donde nunca trabajaron.

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La Guardia Civil ha registrado tres de sus propiedades y el domicilio de sus padres, entre ellas, una finca de campo, su domicilio en Albanchez de Mágina (Jaén) y otro en Jaén.

Lanzas no actuaba sólo, según la Guardia Civil. Lo hacía a través del holding Vitalia, liderado por María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos detenidos por canalizar supuestamente las comisiones de los ERE. Los agentes han investigado más de un centenar de cuentas de Vitalia para desentramar el presunto enriquecimiento ilegal de la trama. El administrador, José González Mata, también ha recibido la citación.

El cuñado de Juan Lanzas, Ismael José Sierra ha sido detenido por su vinculación con la empresa Maginae Solutions, acusada de haber realizado informes ficticios para Mercasevilla y registrada por los agentes de Delitos Económicos. Los registros también se han extendido al despacho sevillano Estudio Jurídicio Villasís - donde el abogado y socio director de la firma, Carlos Leal, ha sido citado - y a Ingotor Seguros, Cureña, vinculadas a Uniter. Daniel Ponce, ex subdirector de Mercasevilla - ya imputado en la causa - también tendrá que comprarecer ante la juez.

Es la 'operación Heracles', como la han denominado los agentes del Grupo de Delitos Económicos. Según las fuentes policiales que coordinan la operación, es un paso muy importante en la investigación de la Guardia Civil al fraude de las ayudas al empleo en la Junta de Andalucía. En la fase de este miércoles, se intentaba esclarecer el papel exacto de una serie de personas físicas y jurídicas claves en la negociación, tramitación y concesión de gran parte de las ayudas investigadas concedidas de manera irregular por la Junta andaluza entre 2000 y 2010.

¿Qué se investiga en esta segunda fase?

La importancia de la operación radicaba en el esclarecimiento de los testaferros y empresas instrumentalizadas para diluir y ocultar el origen de las comisiones, fondos públicos de la Junta que se repartían entre los implicados. Según fuentes de la investigación, se determina el verdadero entramado y los verdaderos responsables de la trama que blanqueban el dinero y se aprovechaban de los fraudes cometidos en los ERES. Las detenciones de la Operación Heracles se enmarcan en la pieza declarada secreta que abría una nueva línea de investigación. En concreto, bajo el foco de la instrucción están las consultoras Vitalia, Uniter y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís con Juan Lanzas como principal conseguidor. Desde estos despachos podría haberse blanqueado parte del dinero de las comisiones. La magistrada Mercedes Alaya mantiene el secreto de las actuaciones.