La Guardia Civil cifra en 50 millones de euros el desvío de comisiones en el caso de los ERE

Los agentes anticorrupción creen que esta cantidad millonaria en comisiones será mucho mayor cuando analicen la documentación requisada en los 13 registros de la operación Heracles contra el fraude de los ERES con fondos públicos. Uno de los principales imputados, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, tenía en su finca de Jaén 82.000 euros repartidos en sobres requisados por la Guardia Civil.

Los agentes del grupo de Delitos Económicos dan por concluidas las actuaciones de la última fase de la operación Heracles que investiga el desvío de fondos a través de los Eres fraudulentos desde la Junta de Andalucía. Los implicados, a los que los agentes describen como "trama criminal integrada por personas físicas y jurídicas" dedicadas al fraude a través de "la restructuración de las plantillas de determinadas empresas" tendrán que responder ante la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, falsificación en documento público, entre otros.

Era la fase de la instrucción más farragosa. Despejar el quién, por qué y cómo se oculta el dinero ilícito. La Junta inyectó 721 millones de euros al fondo de los ERE entre 2000 y 2010 así que los agentes tenían qué identificar qué aseguradoras - Generali, Apra Leven o Fortia - a través de la Agencia Idea integrada en la Junta recibían las partidas y cómo lo desviaban a las consultoras que cobraban comisiones de hasta el 20% por tramitar los Expedientes de Regulación de Empleo - Vitalia (Grupo Eurobank) y Uniter -. Las subcomisiones por labores de asesoría y tramitación de las pólizas iban a parar a abogados, intrusos, intermediarios (entre ellos, el conseguidor Juan Lanzas y su red de colaboradores) y de ahí a los testaferros que se dedicaban a lavar el dinero para camuflar su origen. De ahí que el grueso de los detenidos lo integren directivos y trabajadores de Vitalia y bufetes de abogados como el despacho sevillano Estudio Jurídico Villasís.

La cifra de los 50 millones de euros aumentará de manera significativa. En cuanto los agentes analicen la ingente documentación y discos duros incautados en los registros podrán determinar finalmente cuánto dinero se movió oculto en estos despachos y consultoras. Además de los documentos requisados, uno de los principales imputados, el conseguidor de las subvenciones y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, tenía en su finca de Jaén 82.000 euros repartidos en sobres requisados por los agentes de anticorrupción.

A la espera del próximo "golpe"

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Según comentan fuentes directas de la instrucción, si hay quien esperaba a más excargos públicos o de responsabilidad implicados en esta fase de la operación se equivocaba. Sin embargo, esa es precisamente una de las claves en las que trabaja el grupo de Delitos Económicos. Como aseguran en la nota de prensa, insistirán en desvelar "las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular empleado". En definitiva, cómo ha sido posible que durante diez años fallaran los controles de la administración.

Según fuentes policiales que coordinan la operación, esta fase es importantísima pero "una fase más". Es decir, queda mucho por esclarecer para cerrar el círculo de responsabilidades penales en toda la cadena por donde pasaban los fondos vinculados a los ERE fraudulentos. "Pasos muy importantes", ha dicho el Director General del Instituto Armado, Antonio Hernández de Mesa, tras presidir una jura de bandera, pendientes todavía y de los que no puede, ha dicho, "siquiera hacer alusión a ellos".