Martes, 31 de Enero de 2023

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El Gobierno recurre ante el Constitucional las oposiciones de profesores en Andalucía

Según el Gobierno, la interposición del recurso deja en suspenso la convocatoria apenas dos meses antes de la celebración de los exámenes

La decisión tumba una convocatoria en la que ya se habían inscrito más de 30.000 aspirantes y se produce apenas dos meses antes de la celebración de los exámenes. La impugnación, que el Gobierno justifica por la presunta vulneración del límite de oferta de empleo público, se produce apenas dos días antes de que venciera el plazo para hacerlo. Según el Gobierno, la interposición del recurso deja en suspenso la convocatoria. Andalucía era junto con País Vasco y Cantabria las únicas tres comunidades que habían ofertado plazas de profesores para el próximo curso

El Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, lo que dejará en suspenso la orden de la Consejería de Educación. El Ejecutivo ha decidido así impugnar la convocatoria presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltan dos días para que concluya el plazo límite para el recurso, el 22 de abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta convocatoria docente.

Según consta en referencia hecha pública tras el Consejo de Ministros, el número de plazas convocadas "contraviene" las limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las comunidades autónomas, estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, al prohibir la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo. Así, subraya que este Real Decreto Ley fijó nuevos límites básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, por lo que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, "lo que no ha ocurrido con la convocatoria andaluza de profesores".

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las administraciones públicas para el citado ejercicio".

El Gobierno andaluz convocó 2.389 plazas, de las cuales 1.752 se ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico del Empleado y las 637 restantes como resultado de la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30 por ciento, tal y como recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la vigente cuando el Gobierno andaluz aprobó dicha oferta de puestos docentes el pasado 27 de diciembre, tres días antes de la aprobación del Decreto Ley de "medidas urgentes" que rebajaba al diez por ciento esta tasa. Desde que se supo de esta bajada de la tasa de reposición para el cuerpo de profesores, el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y andaluz a cuenta de las oposiciones ha sido continuo. Sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió cambiar los temarios previstos para este 2012 y restauró, en su gran mayoría, los de 1993. Una decisión que no gustó a la Administración andaluza al entender que era una manera de presionarla para que, como hicieron otras comunidades autónomas, desistiera en su deseo de convocar oferta de empleo público docente.

En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Educación andaluza iniciaron camino de "diálogo" del que no trascendieron más que algunos encuentros para analizar el estudio y las peticiones de la Administración autonómica y los sindicatos para que el Gobierno aclarase qué iba a hacer con las oposiciones y así evitar incertidumbre a los opositores.

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