La familia de la víctima del kamikaze indultado afirma que condujo sin carné tras el accidente
El juzgado de instrucción le retiró el permiso en diciembre de 2003, pero el infractor fue multado de nuevo por exceso de velocidad en febrero de 2010
Valencia
La familia del joven que perdió la vida en un accidente en 2003 en la AP-7, provocado por un kamikaze condenado a 13 años de prisión pero indultado por el Gobierno, estudia comunicar al juzgado que instruyó el caso y a la Jefatura Provincial de Tráfico, la existencia de una sanción a nombre del conductor impuesta por exceso de velocidad en el tiempo en que había entregado el permiso al juzgado, como consecuencia de una resolución adoptada meses antes de la celebración del juicio.
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Agustín Ferrer, el abogado de la familia, ha explicado que como consecuencia del accidente, el juzgado de Instrucción número 3 de Sueca, entre otras medidas, dictó un auto, con fecha 18 de diciembre de 2003, en el que le privaba al acusado el derecho a conducir vehículos a motor y motocicletas.
Después de que hubiera depositado su carné de conducir ante el órgano judicial, el letrado ha explicado que fue multado por exceso de velocidad en Benalmádena (Málaga) el 22 de febrero de 2010, unos meses antes de que se celebrara el juicio en la Audiencia de Valencia, cuyo resultado fue una sentencia condenatoria.
Ahora, tras tener conocimiento de esta sanción de tráfico, la familia de la víctima estudia comunicar al juzgado de Sueca y a la Jefatura de Tráfico esta sanción para que adopten las medidas que consideren oportunas, según ha explicado Ferrer.
A la espera de la anulación del indulto
Paralelamente a esta actuación, la familia todavía espera que a lo largo de este martes reciba alguna notificación del Ministerio de Justicia en relación con el recurso de reposición presentado hace un mes, en el que se pedía que se anulara la concesión del indulto al procesado.
Este recurso se fundamentaba en tres aspectos: falta de proporción, principio de equidad y falta de motivación. Este recurso es paralelo al que está presentado en el Tribunal Supremo (TS), por el que la familia espera que la Abogacía del Estado apoye la nulidad del acto administrativo, y que se anule la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Ejecutivo aprobó el 7 de diciembre de 2012, tal y como recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE) indultar al hombre, condenado por la Audiencia de Valencia, como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños.
En concreto, el Gobierno conmutó al acusado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa, a condición de que abonase las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia y no volviera a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del texto.
