Cinco millones de euros ha costado el consorcio del Auditorio de la Música suprimido por el Gobierno

Adiós al consorcio para construir el auditorio del Bulto, es decir, el del futuro Palacio de la Música en el Puerto de Málaga.

El Gobierno elimina ese consorcio junto a otros 56 organismos de todo el país dentro de su reforma para adelgazar la administración. El proyecto del auditorio quedaría en un limbo, aunque lleva años estancado por falta de financiación.

Prácticamente cinco millones de euros ha costado los siete años que ha estado en funcionamiento este ente público: 3 millones y medio costó hacer el proyecto del auditorio, el resto se ha ido en los costes de mantenimiento se ha ido en el sueldo de las dos personas que trabajan en este consorcio, el alquiler del local que ocupaban, la página web, etc....

El consorcio se creó en el año 2007 y en él están representadas las tres administraciones: el Gobierno central que ostenta el 52 por ciento ya que forman parte tanto el Ministerio de Cultural como el de Fomento; a partes iguales están presentes tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga.

El alcalde, Francisco de la Torre, mantiene aún esperanzas para que el proyecto se pueda realizar con la inversión público-privada.

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El PSOE espera también que el proyecto se pueda mantener, más reacios se muestran desde Izquierda Unida.

Proyecto "estrellado"

La supresión de este consorcio se lleva a cabo con el plan para la reforma de las administraciones públicas.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ha elaborado el listado de entes y qué se haría con ellos. Son, en total, 57 organismos los afectados entre los que desaparecen, se integran en otros, son absorbidos, cambian de ministerio, de estructura o dejan incluso de ser de carácter público, más otros ocho que engordan por la absorción.

2011 fue la última fecha utilizada públicamente por las administraciones para el inicio de las obras de una infraestructura cultura que ahora tiene todos los visos de desaparecer víctima de los recortes presupuestarios.

Ese ejercicio, el presupuesto destinado al consorcio fue de casi dos millones de euros, cifra absolutamente insuficiente para la ejecución del proyecto cifrado inicialmente en 100 millones de euros.

Hasta cinco constructoras, Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC y Acciona, pusieron sobre la mesa la propuesta, que fue bien acogida y aseguraría que un hipotético concurso público para sus ejecución no quedaría desierto.

Se había planteado que las administraciones sólo tendrían que empezar a pagar el coste de la obra una vez que haya sido terminada, algo que no pasaría antes de cinco años y para un momento en que se espera que la situación financiera haya mejorado.

Así, la devolución del coste de la obra se haría mediante un canon que se abonaría en un plazo de 20 a 25 años y a cambio de que la constructora que ejecutara el auditorio se encargue de su mantenimiento, de la gestión de sus instalaciones y de la explotación directa de algunos elementos como el aparcamiento y la restauración, con unos beneficios que se descontarían del canon.

El concurso además establecería un canon máximo anual a pagar a la concesionaria, que se rebajaría o se mantendría en función del cumplimiento con una serie de objetivos en la programación del auditorio.