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REFORMA DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno propone a todas las autonomías reducir el tamaño de sus parlamentos

El Ejecutivo también contempla, en la reforma de las administraciones públicas, suprimir o fusionar un total de 57 organismos, entes o fundaciones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el titular de Industria, José Manuel Soria, durante mesa de trabajo sobre la reforma de las administracion(EFE/Zipi)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el titular de Industria, José Manuel Soria, durante mesa de trabajo sobre la reforma de las administracion

El Gobierno propone a todas las comunidades autónomas reducir el tamaño de sus parlamentos regionales, recortar, por tanto, el número de parlamentarios. Es una de las más de 200 medidas propuestas que El Ejecutivo está explicando por entregas y con cuentagotas. Además, ese informe plantea el cierre o la fusión de 57 organismos públicos de todo tipo. Son recomendaciones aunque el ministro de Hacienda ha recordado a las autonomías que su receptividad será tenida en cuenta.

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El Ejecutivo pide en su informe que las autonomías revisen su estructura para ganar en eficiencia, por ejemplo, reduciendo el tamaño de algunas instituciones como las Asambleas Legislativas. Textualmente el Gobierno propone: "Las CCAA pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos. Así lo hemos visto en los últimos tiempos, en los que algunas CCAA (y así se recomienda en el informe) han planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores del Pueblo".

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que, en el marco de la reforma de la Administración del Estado, abordarán la reforma de 57 organismos públicos y propondrán la supresión de "hasta 90 observatorios" autonómicos y estatales. Así lo ha asegurado durante su participación en el foro de análisis del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que se celebra en el Palacio de la Moncloa, que también ha contado con las intervenciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.

"En el ámbito del Estado vamos a abordar la reforma de 57 organismos públicos de distinto ámbito para ser más eficaces y proponemos la supresión de hasta 90 observatorios", ha declarado la portavoz del Ejecutivo que, sin embargo, no ha detallado cuáles serán los observatorios que serán eliminados. Dentro de este capítulo de racionalización de los organismos públicos, Sáenz de Santamaría ha destacado el el esfuerzo que han realizado todas las administraciones públicas desde que el Ministerio de Hacienda inició el proceso de reestructuración del sector público empresarial que, en el caso del Estado, asciende a 86 entidades. A renglón seguido, ha subrayado que las comunidades autónomas se pusieron el primer año el objetivo de llevar a cabo la extinción de 515 empresas públicas pero, según ha revelado, ya están en fase de liquidación o cerradas hasta 535 de esas empresas y se plantean ser "más ambiciosas", superando las 700.

Un plan de movilidad de funcionarios

El Gobierno estudia formar "bolsas" de funcionarios en cada ministerio que, en caso de necesidad, podrían ser transferidos temporalmente a otro departamento e incluso a otra administración territorial.El informe destaca que, desde el tercer trimestre de 2011, se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores, un 11,6% frente al 7,7% en que ha caído la ocupación en el sector privado.

El informe recuerda que el Ejecutivo ha congelado la oferta de empleo público hasta 2014, excepto en algunos servicios de la administración, que redujo los días libres de los funcionarios, cuya jornada laboral aumentó a 37,5 horas. Además, aprobó la habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para el personal no funcionario, modificó las condiciones de acceso y permanencia en situación de incapacidad temporal, y la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria, elevándola de los 65 a los 67 años.

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