Claves del 'caso de los ERE'

La juez Alaya sostiene que el Gobierno andaluz, encabezado por Chaves y Gaspar Zarrias (consejero de presidencia) y con la participación de Jose Antonio Viera (consejero de empleo 2000-2004) adoptó la «decisión política» de implantar un sistema para conceder subvenciones eludiendo los controles de la Intervención.

El gobierno autonómico, según el relato de la juez, diseñó el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria para favorecer a empresas y personas afines o próximas al PSOE y al Gobierno de la Junta de Andalucía, así como a los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Según la magistrada se produjo «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico».

Esta forma de repartir el dinero, tuvo como resultado que durante más de una década se entregaron más de 721 millones de euros -entre 2001 y 2010- al margen de los procedimientos legales.

La juez critica el uso de este fondo como instrumento de pago de las llamadas transferencias de financiación. Esto permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta.

Según Alaya, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio".

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La Sala de lo Penal del Supremo deberá resolver, si finalmente admite a trámite la investigación, si las transferencias de financiación, un trasvase de dinero público hacia las empresas públicas muy habitual en las Administraciones, contravinieron o no, la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía y la Ley General de Subvenciones.

Además de Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, la magistrada señala a los exconsejeros José Antonio Viera (diputado a Cortes), Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo (diputados andaluces). Está por ver que incluya además a Gaspar Zarrias (consejero de presidencia 96-09) y Mar Moreno (consejera presidencia10-12).

El Gobierno andaluz dice que la partida era legal y se aprobaba cada año por el Parlamento al estar incluida en la Ley de Presupuestos. Alaya se ha apoyado tanto en los dictámenes de la Cámara de Cuentas autonómica, cuyos auditores ya censuraron el fondo, como de la Intervención General del Estado, que corroboraron el grueso de las tesis de la juez en un informe entregado en diciembre.