Alonso y Maroto no acudirán a la citación del Tribunal de Cuentas por el 'caso San Antonio'

Vitoria

No habrá foto del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, entrando al Tribunal de Cuentas del Estado de Madrid. Tampoco del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ni del resto de políticos del Partido Popular que han sido citados en la causa que investiga si las arcas públicas salieron perjudicadas del contrato de alquiler de los locales de San Antonio que el Gobierno del PP firmó con Gonzalo Antón en 2007.

El Gabinete de Alonso implicado en este controvertido contrato ha decidido delegar  en un representante legal su presencia en el Tribunal de Cuentas, según han informado fuentes cercanas al ministro de Sanidad. Sin embargo, Marian Gutierrez, concejala de Hacienda durante el Gobierno socialista posterior, ha anunciado que viajará en Madrid para asistir en persona la audiencia ante el tribunal, a la que también ha sido citada.

El acuerdo fue firmando en la recta final de la última legislatura que Alonso gobernó en Vitoria. El Ayuntamiento alquiló los locales de Gonzalo Antón por 6,1 millones de euros a repartir durante 20 años, cuando poco tiempo antes al empresario la compra del local le había costado 2,7 millones de euros. Además, el contrato incluía una cláusula por la que en caso de rescisión por parte del Ayuntamiento, Gonzalo Antón recibía el 100 por cien del importe pactado para los 20 años.

El Tribunal  escuchará a las partes y deberá determinar a partir de aquí si hubo responsabilidades contables. En tal caso, el Tribunal hará pública la "liquidación provisional", una cantidad económica que tendrían que afrontar los implicados. Según una información de El País sobre un documento interno del Tribunal de Cuentas, la cifra podría rondar el medio millón de euros.

La defensa de Alonso y Maroto pedirá la prescripción de la causa y que se archiven las diligencias. 

Por otro lado, la polémica se ha suscitado a la hora de decidir quién será el representante legal del Ayuntamiento -que debe defender el interés público- durante la citación de ese día. La instructora del caso ha pedido que sea la Corporación la que tome la decisisón, "habida cuenta del eventual conflicto de intereses que pudiera concurrir en la persona del actual alcalde". Maroto fue concejal de Hacienda cuando se firmó el contrato y está citado por sus responsabilidades en este caso.

PNV, PSE y EH Bildu han reclamado la presencia em Madrid de la secretaria general del pleno del Ayuntamiento o del interventor, los dos altos funcionarios que no dependen directamente de Javier Maroto, pero el alcalde ha decidido que sean los servicios jurídicos los que acudan a Madrid, los mismos servicios jurídicos que -a través del letrado mayor- le han trasladado a Maroto su opinión -coincidente con la de la defensa- de que la causa ha prescrito. La decisión del alcalde para elegir esta representación está fundamentada en un informe de los propios servicios jurídicos.