Un alto cargo de Urkullu, en la cuerda floja
El Comité Ético recomienda el cese cautelar de la directora de Seguridad imputada por el caso de las dietas en la Ertzaintza si va a juicio. Entre tanto, no ve inconveniente para que siga en el cargo
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Vitoria
El Comité de Ética Pública dependiente del Gobierno vasco ha recomendado el cese cautelar de Miren Karmele Arias, directora de Recursos Humanos del departamento de Seguridad, si la investigación judicial abierta por las supuestas irregularidades en el pago de dietas a mandos de la Ertzaintza desemboca en la apertura de juicio oral.
Entre tanto, el Comité precisa en la citada resolución que no ve inconveniente alguno para que Arias, autora de la consulta, pueda continuar en desempeñando su trabajo “hasta que el tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral”.
El grupo de expertos explica que no considera necesario pedir ahora el cese de Arias porque en su caso “la imputación no se ha producido en unas circunstancias de alarma social irreconciliables con las exigencias de ejemplariedad”.
Además, recuerda que en su día el Tribunal de Cuentas del Estado avaló que las dietas ahora denuncias e investigadas “tenían cobertura reglamentaria” y que nadie en su día recurrió en tiempo y forma el decreto que las regula.
Arias fue citada a declarar el pasado 12 de mayo en calidad de imputada “como responsable de hechos constitutivos, aparentemente, de un delito de malversación de caudales públicos” en el proceso penal abierto a instancias del sindicato SIPE de la Ertzaintza para determinar si las dietas que perciben desde hace años los subcomisarios, comisarios, intendentes y superintendentes, que no se declaran a Hacienda, son una forma de encubrir sobresueldos.
En su declaración ante el juez, la responsable de personal explicó que esos pagos comenzaron antes de llegar ella al cargo, en base a un decreto aprobado en 2012 por el Gobierno de Patxi López con el respaldo de los sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza.
El Gobierno vasco ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de irregularidad alguna y según explicó en el Parlamento vasco la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, “todos los pagos estaban justificados por razones de servicio”. Sin embargo, cuando se conoció el inicio de la investigación judicial, Seguridad anunció medidas para “regularizar” el sistema de pago de dietas.
