Aprobado el dictamen de la ley que impedirá el 'fracking' con abstención de PNV

Bilbao

El dictamen de la ley que impedirá el fracking en Euskadi ha sido aprobado hoy en comisión parlamentaria con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y PP y la abstención del PNV, partido que quiere reunirse con la plataforma contraria a esta técnica para conocer su opinión sobre una posible moratoria.

El pasado día 17 de junio, los tres grupos dieron luz verde al informe de ponencia sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por 100.000 firmas, que planteaba la prohibición del fracking en Euskadi.

En esa ocasión, el PNV votó en contra. Este grupo ha propuesto en sus enmiendas que durante cinco años no se pueda usar esta técnica en el País Vasco para explorar y explotar hidrocarburos ni gas.

Esta moratoria ha sido rechazada por el resto de grupos, por lo que no ha sido incluida en el dictamen. En este sentido, el parlamentario del PNV Javier Carro ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre el resto de partidos, pero ha insistido en defender la moratoria.

Así, ha explicado que quiere reunirse con los miembros de la plataforma que ha impulsado la ILP para que aclaren si apuestan por el modelo recogido en el dictamen aprobado hoy o si prefieren otro "modelo B", en el que se recoja el dictamen más la moratoria.

"¿Qué modelo de ley es el que mejor protege a la ciudadanía?", ha preguntado Carro, quien se ha dado de plazo una semana, hasta la aprobación en pleno de la ley, el próximo martes 30 de junio, para mantener un encuentro con la plataforma.

El resto de grupos han reiterado su postura contraria a la moratoria, al alegar que iba a ser recurrida por el Gobierno central.

Dani Maeztu (EH Bildu) ha considerado que la "amenaza mayor" en este asunto "no viene desde Madrid ni de la confrontación jurídica, sino desde Vitoria y desde Lakua", en alusión a la sede del Gobierno Vasco.

Por su parte, la socialista Natalia Rojo ha defendido que el dictamen recoge los "objetivos" planteados por la plataforma, mientras que Mari Carmen López de Ocáriz (PP) ha considerado que una moratoria sólo generaría incertidumbre.

Para salvar los posibles recursos, el dictamen aprobado ha modificado el artículo de la ILP que planteaba la prohibición genérica de la técnica, algo rechazado por el Tribunal Constitucional en normas aprobadas por otras comunidades. No obstante, en el dictamen se elevan tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la ley la impedirá.

Así, además de la prohibición del fracking en las zonas de vulnerabilidad de los acuíferos y en suelo no urbanizable, se contempla la evaluación ambiental estratégica para esta técnica, una medida prevista en la Ley de Protección del Medio Ambiente.

De este modo, el dictamen recoge el camino de la ley catalana, de manera que se acometerán reformas de diversas leyes autonómicas para elevar los requisitos medioambientales para la fracturación hidráulica.

También plantea una propuesta para reformar la Ley del Suelo, con el fin de impedir esta práctica en suelo no urbanizable, así como la de Aguas para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta.

Asimismo, incluye la exigencia de acometer una evaluación de impacto medioambiental estratégica y no pozo a pozo.

La ILP contra la fracturación hidráulica comenzó su andadura en el Parlamento en diciembre del año pasado, pero su tramitación ha sido más larga de lo previsto porque se solicitaron más comparecencias de las requeridas inicialmente y porque el plazo para presentar enmiendas se amplió en tres ocasiones.