La Intervención General de la Junta vio "fraude" en la contratación de la Cumbre del Vino
El Consejero de Agricultura ha asegurado en las Cortes que la Junta debe todavía a Geacam, empresa pública a través de la que organizó la Cumbre, 1'7 millones de euros
Toledo
Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido este jueves sobre la organización de la Cumbre Internacional del Vino por parte del anterior ejecutivo y que el actual ha decidido suprimir.
El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha aludido en su intervención a un informe de la Intervención General de la Junta que entendía que "había fraude a la legislación en materia de contratación pública". Se refería a la encomienda que recibió Geacam, la empresa pública de gestión de los incendios forestales, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la cumbre.
Según este informe, al que ha tenido acceso SER Castilla-La Mancha, hubo fraude de ley porque Geacam sólo puede realizar una labor de mediación para contratar servicios de terceros pero no puede funcionar como un servicio técnico de la Junta. La Intervención General de la Junta argumenta que Geacam no dispone de medios técnicos y personal para esa labor.
Ese informe lo redactó la Intervención General de la Junta a principios de este año, es decir, en los últimos meses del Gobierno de Cospedal y según fuentes gubernamentales es el que impidió que el consejo de gobierno pudiera aprobar un gasto de 1'7 millones de euros para pagar las deudas contraídas por parte de la Junta con Geacam, deuda viva a día de hoy.
Tras el debate, las Cortes han aprobado -con el apoyo del PSOE y de Podemos y la abstención del PP- una resolución presentada por el grupo socialista por la que muestran su apoyo al Gobierno regional a la hora de "apostar decididamente" por Fenavin.
En el mismo debate, ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y de Podemos la propuesta presentada por el grupo parlamentario popular en la que consideraban que acabar con la Cumbre supone "un ataque injustificado al sector vitivinícola" de la región y pedían su continuidad.
A juicio del PP, la decisión sólo obedece a "razones partidistas y de revancha" que afectarán "negativamente a un sector que merece el apoyo de la Administración regional".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Podemos, David Llorente, ha opinado que "no tiene sentido desaprovechar" una feria "consolida, con una trayectoria de décadas, apoyada desde instituciones con inversión de dinero publico y que ha contribuido a la dinamización del sector".
