El exalcalde de Arona se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias

Santa Cruz de Tenerife

Tras una instrucción de más de 10 años, se ha celebrado la primera sesión del juicio por el denominado caso Arona, y que sienta en el banquillos de los acusados al exalcalde de Arona José Alberto González Reverón y al que fuera edil de Urbanismo Antonio Sosa por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos durante casi una década en la que Reverón estuvo al frente de la Alcaldía aronera. En este caso, se trata solo de una de las primeras piezas del caso de corrupción mas importante de los acaecidos en Canarias junto con el compraventa de la plaza de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. En el caso de Arona, los hechos delictivos que se le imputan al exalcalde de Coalición Canaria, consisten en no paralizar la obra ilegal de un hotel aun sabiendo que existían y a cambio obtuvo después, prebendas, como ser alojado como cliente VIP; concesión de más de 200 licencias de obras ilegales contrataciones a dedo y cobro de dinero publico de forma arbitraria. La magnitud de la trama de corrupción obligó al juez instructor, Nelson Díaz a separar el caso en cuatro piezas, por lo que se contempla para el próximo mes de enero la celebración del juicio por las causas restantes. La Fiscalía solicita tres años de prisión y 35 de inhabilitación, más una multa de 22.500 euros por prevaricación continuada, prevaricación urbanística continuada y tráfico continuado de influencias mientras que en total, el Ministerio Público, solicita penas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación para el exalcalde, ocho concejales del Ayuntamiento de Arona, tres funcionarios, un guardia civil, tres arquitectos y un empresario. La trama de corrupción se fraguó presuntamente, durante el mandato del alcalde nacionalista José Alberto González Reverón durante el mandato de 2003 a 2007, si bien el edil permaneció en el puesto hasta que fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 2013 por contratar en el ayuntamiento a dedo a dos personas de su entorno sin sacar las plazas a concurso público. La condena fue de cuatro años y medio de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación que acabó con su carrera política.