El fiscal que denunció a Txarli Prieto pide al juez que archive el caso

Vitoria

Los dirigentes del PSE Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo están hoy más cerca de quedar exonerados del caso de facturas irregulares por el que están imputados en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según ha adelantado este lunes El Mundo, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que denunció el pasado año a Prieto y García Hidalgo por un delito de estafa, ha reclamado ahora al juez instructor el archivo de la causa.

El Tribunal que instruye el caso tiene la última palabra y los imputados están muy cerca de no enfrentarse a un juicio ya que la Fiscalía era el único organismo que había presentado una denuncia contra ellos. 

El origen del caso está en las obras en sedes que el PSE alavés adjudicó a una empresa de Txarli Prieto cuando éste dirigía precisamente el partido. Su secretario de organización, Victor García Hidalgo, era el que autorizaba los pagos. El dinero además era público: subvenciones del ministerio del Interior para mejoras de seguridad. El foco de las investigaciones está en dos facturas de 29.971 y 19.501 euros. La Fiscalía creía que esas facturas podían ser de trabajos no realizados pero no ha podido probarlo, y por eso pide el archivo de la causa. 

En declaraciones a la CADENA SER el fiscal del caso, Juan Calparsoro, ha explicado que hay dos motivos fundamentales para solicitar el sobreseimiento: el primero de ellos es que el PSE considera que el partido no ha sufrido daño patrimonial; en segundo lugar Calparsoro defiende que el hecho de que la denuncia partiera de una fuente anónima que no ha podido ser identificada "debilita la instrucción". 

En el auto de Calparsoro se confirma que la empresa de Txarli Prieto emitió las facturas antes de realizarse los trabajos, pero según el fiscal "la emisión anticipada de facturas para no perder las cantidades asignadas en un ejercicio no pueden considerarse penalmente ilícitas". El fiscal sostiene en sintonía con la línea de defensa de los imputados que esta irregularidad en las facturas "no obedecía a una finalidad de enriquecimiento" sino al objetivo de no perder las subvenciones públicas que le correspondía al PSE. Calparsoro considera que esta irregularidad en las facturas para poder cobrar el dinero del Ministerio del Interior no es delito y que en todo caso podría ser "una incorrección administrativa, contable o mercantil". 

El fiscal ratifica además que esas subvenciones para gastos de seguridad se destinaron no solo a ese objeto sino a "fines diversos relacionados con las mejoras de sus locales y sedes". Pero Calparsoro añade que "hay que hacer una interpretación flexible y ampla de esos fines de seguridad". "Aunque no se tratase de stricto sensu de un gasto de seguridad parece que en el contexto sociopolítico por el que se asignaban esas cantidades, tenía justificación el empleo de las cantitades en obras que a la postre redundaban en mejorar la seguridad de las sedes". 

En este sentido, Calparsoro afirma que "hay que recordar que los denunciados han ostentado cargos de especial relevancia y que, por sus responsabilidades, han estado especialmente expuestos a la amenaza terrorista". 

Durante la instrucción no se ha certificado que el importe de las facturas correspondA exactamente con el coste de las obras realizadas. "En el ámbito penal es suficiente con probar que las obras se hicieron, sin que tenga relevancia la mayor o menor conformidad con lo proyectado o contratado, pues ello entra en el ámbito civil  de reclamaciones entre partes", argumenta el fiscal.