La Justicia reabre una investigación contra el mayor usurero de España

Madrid

Antonio Arroyo Arroyo es considerado el mayor usurero de nuestro país: decenas de familias españolas le han llevado ante los tribunales e incluso a finales de 2013 un cliente suyo terminó quitándose la vida después de perder su casa. Ahora será la Justicia la que investigue si efectivamente este prestamista estafa a sus clientes: la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado de la capital que reabra la investigación contra Arroyo por haber estafado supuestamente a diez familias, exigiendo que compruebe si, tal y como explica la denuncia, utilizó incluso documentos falsificados de una sucursal de Caja Duero de Pozuelo de Alarcón para engañarles a la hora de firmar los préstamos.

Fue el juzgado de instrucción nº 3 de Plaza de Castilla el que dictó el archivo de esta causa el pasado mes de mayo con el visto bueno de la Fiscalía, pero los jueces de la sección 16ª de la Audiencia Provincial revocaron la decisión en diciembre por entender que no investigó lo suficiente la denuncia de una decena de familias de todo el país. Concretamente exige que la magistrada instructora compruebe si, tal y como afirma el Grupo IX de la Policía Judicial, el entramado habría usado un documento falsificado de Caja Duero en sus operaciones fraudulentas. Un contrato “que podría haber sido empleado en varias operaciones” según los jueces y cuya autoría negó el propio director de la sucursal de Pozuelo de Alarcón cuya firma figura estampada.

Son decenas de familias las que han llevado a Antonio Arroyo ante los tribunales, aunque según los datos que maneja Carlos Javier Galán, letrado de Alberche Abogados y defensor de varios denunciantes, el número de afectados podría llegar a 1.500 familias. “Consiguen que la gente acabe firmando unos préstamos en los que consta un capital superior al que realmente están recibiendo”, explica el abogado en declaraciones a Radio Madrid, añadiendo que “además se incluyen unos intereses de demora abusivos y una valoración de las viviendas a precios ridículos que luego les permiten apoderarse de las casas cuando la gente no puede pagar”.

El resultado, según explica este letrado, son familias que pierden su vivienda después de haber sido supuestamente estafadas, y revela que en una ocasión la policía entró en una notaría cuando estaban perpetrando uno de los engaños: “Se detuvo al prestamista en la notaría en una de las firmas, y se pudo comprobar que el capital que aparecía no era el mismo, no estaba físicamente allí”.

Con la reapertura de la investigación, las familias denunciantes solicitarán a través de sus abogados no sólo la declaración de los posibles responsables de la estafa sino también del director de la sucursal de Caja Duero y un informe pericial que demuestre, según su versión, que el dinero apalabrado en los préstamos no era el entregado finalmente a las familias. “Queremos que se vea que los capitales que se dicen recibidos por estas familias no fueron reales, no llegaron a desembolsarse en su totalidad”, explica Galán.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Casi 150.000 firmas contra la usura

Una de las denunciantes en esta causa reabierta es precisamente la viuda del hombre que a finales de 2013 se suicidó tras suscribir uno de estos préstamos con Arroyo y que el prestamista iniciase las gestiones para quedarse con su vivienda. Según explica, pidieron un préstamo de 19.000 euros para pagar una retroexcavadora pero finalmente recibieron sólo 3.000 euros.

La familia, junto con la asociación Stop Estafadores, llegaron a reunir más de 144.000 firmas en el portal Change.org para que el ejecutivo reformase la ley que regula los préstamos hipotecarios no bancarios y que impidiese la práctica de la usura.

Testigo en la Púnica

El nombre del prestamista Antonio Arroyo volvió a saltar a los medios cuando la Cadena SER reveló el pasado mes de agosto que había declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación a la trama Púnica. Ante el juez Eloy Velasco, afirmó haber realizado “ochenta o cien” operaciones con empresas ligadas a David Marjaliza desde 2001, la mayoría relacionadas con las subastas judiciales y los créditos.

La operación por la que se interesó el instructor estaría relacionada con el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres, al sospechar que Arroyo participó en un préstamo de 270.000 euros para la compra de un chalet en Marbella que sería propiedad de Moreno Torres. Una operación que se habría hecho “para venderla rápido” ya que el entonces regidor de Valdemoro se iba a divorciar.