José Antonio Viera, citado a declarar como investigado en el caso de los ERE
El exconsejero de Empleo ha podido cometer los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por ordenar el pago de 21,6 millones de euros para prejubiliar a 273 trabajadores en 2003
EFE
Sevilla
Tras cinco años de instrucción, José Antonio Viera tendrá que responder como investigado por un ERE concreto, el de la empresa pública de gestión medioambiental Egmasa, en el que la Junta gastó 21 millones 673.689 euros para prejubilar a 373 trabajadores en 2003. Fue un ERE, además, con intrusos y en el que medió una tramitadora que se embolsó 1 millón 200.000 euros. Viera está citado a declarar el 10 de febrero por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La magistrada también ha llamado para el 2 de febrero por el mismo ERE a otro exconsejero de Empleo, Antonio Fernández que era presidente del IFA cuando se firmó el ERE. El Instituto de Fomento de Andalucía era el organismo que hacía efectivo el pago. Además están llamados a declarar por los mismos hechos tres exdirectores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Ellos daban las órdenes para que cada ejercicio se pagara a la tramitadora que a su vez abonaba la nómina de la prejubilación a los empleados que se habían prejubilado.
Más información
Dice la jueza que no consta "solicitud formal de la ayuda por parte del beneficiario" ni tampoco consta la aplicación de los "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para conceder una subvención ni se ha acreditado el carácter excepcional de la misma".
El auto de Núñez recoge las conclusiones de los peritos de la Intervención sobre este ERE en el que supuestamente la Junta prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido para pagar lo que no era una ayuda excepcional sino una subvención a una empresa; y por tanto, a ella le hubiera correspondido pagar estas prejubilaciones.
En este expediente de regulación de empleo, la Junta usó el llamado sistema de pagos cruzados que consistía en que la Dirección General de Trabajo ordenaba a las aseguradoras desviar el dinero de las pólizas de otros ERE a éste de Egmasa.
