La Guardia Civil acusa de varios delitos de corrupción a un eurodiputado del PP
Los investigadores atribuyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación a Santiago Fisas, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2007, cuando firmó un contrato con Waiter Music para organizar el concierto 'Night of the Proms', en marzo de ese año
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/SGCDINMRMBKULDE3LVYMJIC5XM.jpg?auth=c27fccc681b7f7a424a9f71bc7dfd45aed6b9adb7ee63d22e396b94e923fd86d&quality=70&width=650&height=365&smart=true)
El eurodiputado del PP, Santiago Fisas / Partido Popular
Madrid
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye varios delitos relacionados con la corrupción a Santiago Fisas, actual eurodiputado del Partido Popular y Secretario de Estado para el deporte con José María Aznar, por su papel en la firma de un contrato investigado en el marco de la Operación Púnica. En un informe que obra en el sumario, los investigadores consideran que pudo cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por firmar un contrato con Waiter Music en 2007, cuando era consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid bajo el gobierno de Esperanza Aguirre.
El contrato que investiga el juez Velasco responde a la celebración del concierto The Night of the Proms en el Palacio de los Deportes de Madrid en 2007, organizado por la empresa Waiter Music y con la intervención de Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia. La UCO explica en un informe que, por orden de Granados, la empresa de José Luis Huerta recibió más de 350.000 euros de dinero público de la Comunidad de Madrid para evitar que tuviese pérdidas, “socializando el riesgo inherente” a la operación.
Un concierto por cuya organización supuestamente fraudulenta los investigadores de la Guardia Civil atribuyen delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, y tráfico de influencias a Granados, Huerta, a Carmen Plata (gerente de la Fundación Arpegio) y también a Santiago Fisas, en aquel momento consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Fue él quien firmó el contrato de adjudicación del concierto con Waiter Music por 225.000 euros, en calidad de representante de la Comunidad.
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/CQ75HDQZ3VOJBODGAXXYZK5YSE.jpg?auth=2c9ce309a5d7f11fd2e4b32315f2e85561d0b1bac5df4fd8cc178f715e65caee&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
Un contrato que consideran irregular por haber sido firmado con Waiter Music y no con la empresa titular de los derechos de presentación del espectáculo en España, algo que según este informe “sólo puede atribuirse a la relación de José Luis Huerta con Francisco Granados, y sólo sirve al lucro personal y no a los intereses generales pues sólo contribuye a encarecer la celebración del espectáculo”. También destacan que la fecha del contrato fuese puesta con un sello en un espacio en blanco, asegurando que “puede inducir a pensar que la fecha se ha dejado intencionadamente en blanco”.
En la actualidad, Santiago Fisas Ayxelà es eurodiputado del Partido Popular y es vicecoordinador de Cultura y Educación en el Parlamento Europeo. Bajo el gobierno regional de Esperanza Aguirre en Madrid entre los años 2003 y 2009 se hizo cargo de la cartera de Cultura y Deportes, y fue Secretario de Estado para el deporte entre 1998 y 1999 durante el mandato de José María Aznar.
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/5R3WUFSO45J43E3AWY7CRNPW2Y.jpg?auth=eef801230fb2077949d88a71570712b09c400e3b23336f32c66259f1df7a0279&quality=70&width=650&height=780&smart=true)
El sumario no recoge que el juez Eloy Velasco haya decidido llamar a declarar como testigo o investigado a Fisas en el marco de la investigación. Durante el interrogatorio a Carmen Plata, entonces al frente de la Fundación Arpegio, el juez se interesa exclusivamente por el convenio que suscribió con Waiter Music a cambio de 120.000 euros, algo que según el juez se habría hecho para paliar las pérdidas económicas de la compañía y por orden de Francisco Granados.
Los eurodiputados cuentan con su propio régimen de aforamiento, y una vez un juez lo solicita a través de un suplicatorio – previo paso por el Congreso – deben ser el Parlamento Europeo y la Eurocámara los que den luz verde a los tribunales españoles para investigarle.