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El Supremo devuelve la investigación contra la alcaldesa "quitamultas" a un juzgado de Toledo porque ya no es aforada

La alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) y ya exsenadora del PP está siendo investigada por retirar presuntamente varias multas a personas de su entorno familiar

Juliana Fernández el día de su declaración ante el Supremo / Efe

Juliana Fernández el día de su declaración ante el Supremo

Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado su falta de competencia respecto a la investigación que realizaba contra la exsenadora del PP y alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) Juliana Fernández Cueva por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la retirada de multas de tráfico a personas afines.

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Al no formar parte ya del Senado, Fernández de la Cueva ya no goza de la condición de aforada, por lo que el alto tribunal devuelve la causa al juzgado Decano de Quintanar de la Orden (Toledo) para que se continúe allí la investigación del asunto.

Al término de su declaración ante el magistrado del Supremo José Manuel Maza, el pasado 19 de octubre, la entonces aún senadora manifestó que no había hecho nada y que quería que todo se aclarara porque lleva un año siendo "juzgada" por los medios de comunicación.

Fernández Cueva y el que fuera su teniente de alcalde Vicente González Ramírez declararon en relación con la tramitación que llevaron unas multas que habían sido impuestas a determinados vecinos del municipio por la Policía Local y después fueron retiradas.

A las puertas del tribunal la senadora recordó que ha "renunciado" a su condición de senadora al venir voluntariamente a declarar y defender su inocencia. "No he hecho nada, y como no he hecho nada, lo que quiero es que esto pase, porque he sido juzgada por los medios durante un año ya", manifestó.

La Fiscalía se querelló contra la alcaldesa y el teniente de alcalde al considerar que maniobraron para favorecer a los sancionados "en clara contravención de lo legalmente establecido", al proponer el teniente de alcalde a su jefa la estimación de las alegaciones formuladas en un total de cuatro expedientes, lo que produjo la pérdida de efecto de las sanciones que se les habían impuesto en materia de seguridad vial.

Según la denuncia que interpuso en su día un particular, la regidora retiró varias multas que había puesto la policía local de Corral de Almaguer a determinadas personas de su entorno familiar, amigos o con las que tenía afinidad política. De este modo evitaba que estas personas perdieran puntos de carné.

 
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