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Domingo, 31 de Mayo de 2020

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CASO MARTÍNEZ

El juez ha vuelto a suspender por segunda vez la declaración de Francisco Martínez

El ex líder del Partido Popular ahora deberá declarar el 12 de abril por presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales

Francisco Martínez: El juez ha vuelto a suspender por segunda vez la declaración de Francisco Martínez

Paula Varella

El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha vuelto a suspender por segunda vez la declaración del exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez.

El motivo se debe a que la abogada de Martínez había pedido que se aplazara la citación, porque no podía acudir por motivos laborales. El ex líder del Partido Popular ahora deberá declarar el 12 de abril por presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales.

Hoy estaba previsto que Martínez prestara declaración como investigado por sus negocios en Vall d'Alba, en su etapa de alcalde, puesto que ocupó durante más de 20 años.

El Fiscal se ha querellado contra el ex líder del PP por presuntamente, aprovechar su condición de alcalde del municipio para comprar terrenos a bajo precio que después se recalificaban para albergar proyectos urbanísticos.

El ex alcalde de Vall d'Alba ha llegado a las 9 y 30 de la mañana junto a sus dos hijos, Andrea y Francisco, también investigados por esta causa. No ha hecho declaraciones a los medios, y estaba citado a las 11 de la mañana. 10 minutos más tarde ha salido por la puerta de la Audiencia Provincial, después de que se haya suspendido su citación, al no haber podido comparecer su abogada.

Es la segunda vez que se aplaza su declaración por este caso, que en un principio estaba prevista para ayer, lunes. El caso se abre tras la denuncia presentada por el portavoz del PSPV en Vall d'Alba, Fernando Grande, quien recuerda que el que fue mano derecha de Carlos Fabra logró un patrimonio de 1 millón de metros cuadrados en terrenos, 21 viviendas, varias plazas de garaje y locales comerciales. Además, Martínez está a la espera de la sentencia por el caso de la depuradora de Borriol, por el que Fiscalía pide 4 años de cárcel por delitos de prevaricación, fraude ilegal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

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