Enrique Ortiz: suma y sigue

Alicante

El juicio al constructor Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal de más de 6 millones de euros cometido en una operación en 2005 con terrenos en la Playa de San Juan, se ha reiniciado en el juzgado de lo Penal número 1 de Alicante. Los hechos fueron denunciados por la Agencia Estatal Tributaria.

La vista oral, que se aplazó el pasado mes de enero a petición de la fiscalía y de la acusación particular, por la incomparecencia por enfermedad de un perito, se ha retomado este martes con las cuestiones previas.

La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González (cuya causa ya fue sobreseída por enfermedad degenerativa) y Vicente Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.

En concreto, usaron nueve fincas rústicas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías. Pero la inmobiliaria, participada por la CAM, simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas, beneficiándose así de una "deducción fiscal indebida", según las conclusiones de la fiscalía.

Ortiz, también imputado en causas de Gürtel y en varias piezas separadas del Brugal, ha sido el primero de los cinco empresarios en llegar esta mañana al Palacio de Justicia de Benalúa, a pie, y ante las preguntas de los numerosos periodistas se ha limitado a dar los "buenos días". A la salida también ha rehusado hacer declaraciones remitiéndose a sus abogados.

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Las defensas han explicado durante esta vista que basarán su argumentación en demostrar la competencia que existía entre Hansa Urbana y las distintas empresas, según ha explicado a la salida el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco.

Añaden que procesos de este tipo no suelen llegar a la vía penal y se quedan en lo contencioso-administrativo. El letrado de Ortiz dice que éste ha llegado "con la convicción de que se va a celebrar un juicio justo".

El fiscal pide para los cinco empresarios 4 años y medio de cárcel, concretamente tres por un delito contra la Hacienda Pública y uno y medio más por falsificación en documento mercantil, así como multas de 10 millones de euros.

La vista oral se celebrará del 4 al 8 de julio.