Fiscalía pide hasta diez años de cárcel a 12 acusados por los disturbios del 22M
El juzgado nº 30 de Madrid decreta la apertura de juicio oral contra doce acusados de agredir a policías durante las 'Marchas de la Dignidad' de 2014 y la Fiscalía pide entre 6 y 10 años de cárcel
Agentes de Policía durante las 'Marchas de la Dignidad' / EFE
Madrid
Los disturbios que enfrentaron a manifestantes y agentes de Policía el 22 de marzo de 2014 en las calles de Madrid tras las denominadas 'Marchas de la Dignidad' van a terminar con doce personas en el banquillo de los acusados: en un escrito al que ha tenido acceso Radio Madrid, el juzgado de instrucción nº 30 de Madrid abre juicio oral contra trece acusados de diversos delitos de atentado, desórdenes públicos y lesiones.
Se trata de un auto contra el que no cabe recurso, y ahora serán los abogados de los doce acusados los que presenten sus escritos de defensa de cara a un juicio que se celebrará en un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo. La Fiscalía, por su parte, ya ha hecho su petición de condena: entre seis y diez años de prisión.
Según refleja el auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Público pide diez años de cárcel para uno de los acusados, ocho años para otros dos y seis para los otros nueve. Además, para hacer frente a posibles indemnizaciones a los policías antidisturbios a los que presuntamente habrían herido, el juzgado requiere fianzas de responsabilidad civil por un valor total de 18.400 euros a varios de ellos, algunos defendidos por abogados de Red Jurídica.
Más de veinte detenidos
Las denominadas 'Marchas de la Dignidad' reunieron a miles de personas en las calles de Madrid el 22 de marzo de 2014: los disturbios posteriores a la manifestación se saldaron con 24 detenidos y más de cien heridos, algunos de ellos agentes antidisturbios. Finalmente doce de ellos irán a juicio.
La Fiscalía no es la única acusación que hay en este caso: tres sindicatos policiales (SUP, CEP y UFP) piden hasta diez años de cárcel también para los encausados.
No es la única causa judicial abierta a raíz de los disturbios del 22 de marzo de 2014: recientemente un juzgado archivó una querella interpuesta por varios colectivos sociales contra Cristina Cifuentes - entonces Delegada de Gobierno - por el dispositivo policial, y la Audiencia Provincial de Madrid no vio delito en la pérdida de visión en un ojo por parte de un joven a raíz, según denunció, de un pelotazo de goma.
