El dilema de la pobreza energética: pagar la luz o la comida

Madrid

A Carmen le queda un euro y medio en la cartera para acabar el mes. En cuanto cobre la prestación de 375 euros que le concede la Comunidad de Madrid por la discapacidad del 65% que tiene acreditada, lo primero que hará será abonar una de las últimas facturas de la luz que tiene pendiente. "El mes pasado estuve diez días sin luz, me puse a buscar velas del año la pera y las metí en cacharritos. Te quedas sin frigorífico, no tienes televisión, no puedes lavar la ropa, no tienes teléfono, porque no lo puedes cargar", cuenta esta vecina del municipio de Fuenlabrada.

Tras el pago de uno de los recibos de la luz, que oscila alrededor de los 80 euros, tendrá que hacer frente al alquiler social que le concedió una entidad bancaria, 150 euros. "Tengo la suerte de que el banco me paga la comunidad. Eso incluye la calefacción y el agua, así que me queda hacer frente a la bombona de butano, la comida y la electricidad", añade.

Cada mes esta mujer tiene que elegir entre pagar algunos alimentos o abonar las facturas. "Generalmente estiro el pago de las facturas hasta que me han llegado dos apercibimientos de impago, y claro que hay meses en los que como no pago, me cortan la luz. Pero si hago lo contrario, me quedo sin comer", recalca.

Esta mujer está siendo atendida por los servicios sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. De vez en cuando le ayudan a abonar alguna factura y le conceden un bono de comida de 30 euros. A pesar de que la Comunidad de Madrid, que tiene un convenio firmado con Iberdrola para evitar que familias vulnerables se queden sin suministro, y un fondo de un millón de euros para combatir este tipo de pobreza, desde el Consultorio fuenlabreño han asegurado a esta redacción que Carmen no se puede acoger a esta ayuda porque uno de los requisitos es que los consumidores demandantes tengan cero ingresos. Ganar Fuenlabrada presentó una moción para combatir la pobreza energética municipal, que no fue secundada por el resto de grupos políticos.

Por su parte, la Comunidad asegura que esta exigencia "no es totalmente cierta". Aunque se recoge este requisito en la ley, plantean que la normativa deja abierta la posibilidad de que los asuntos sociales municipales, "según la valoración de cada caso, entiendan lo contrario".

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Ante este laberinto administrativo, Carmen muestra su enfado por la falta de empatía de las instituciones públicas. "No soy ni un número, las personas que estamos en esta situación somos invisibles. Se pasan la pelota de uno a otro y dicen que nadie tiene culpa de nada", finaliza. Una denuncia que recuerda a la última película de Ken Loach, 'Yo, Daniel Blake', en la que se cuenta cómo la burocracia se traga a quienes viven en riesgo de exclusión social.