Las defensas creen que la Audiencia ha vulnerado derechos en el caso Aznalcóllar
Consideran que la Sección Séptima ha vulnerado derechos fundamentales al invadir competencias de la jueza instructora, "reordenar la investigación" y pronunciarse "más allá" de lo que le pedía la acusación
Cadena SER
Sevilla
Los abogados de la defensa en el caso Aznalcóllar han presentado diferentes escritos ante la Audiencia de Sevilla donde piden que anule el auto que dictó ordenando la reapertura de la investigación sobre el concurso minero. Entienden que los jueces de la Sección Séptima se han extralimitado en sus funciones "de revisión del control de legalidad" y se han convertido en "juez instructor", al ordenar que se practiquen nuevas diligencias o al ordenar que se investiguen hechos que no se habían producido cuando se produjo el archivo.
Los letrados citan jurisprudencia del Supremo y del Tribunal Constitucional para explicar que se han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez predeterminado por la ley.
En sus escritos reprochan a la Audiencia que haya valorado las pruebas que existían en el procedimiento y haya ordenado nuevas diligencias, cuando esa tarea solo puede ejercerla el juez que investiga, en este caso la magistrada de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández. Además, dicen, se ha reabierto la causa para acordar diligencias ya denegadas por la jueza instructora en un auto firme. Y también, alegan, que el Tribunal investigó, "motu proprio", mientras deliberaba y encontró una resolución administrativa que no existía cuando se decretó el archivo. Una competencia, esa, que solo tiene el juez de instrucción, señalan.
"La Audiencia se ha convertido en un órgano instructor" y manifiesta "una vertiente inquisitiva", señala el gabinete jurídico de la Junta, que defiende a los funcionarios investigados. La Sala "ha reordenado la instrucción" y ha resuelto "más allá de lo planteado" por la empresa que perdió el concurso en su recurso de apelación, argumenta el letrado de otro imputado.
Los abogados consideran que la Sección Séptima ha ordenado, "mediante sugerencia", que se llame como investigados a determinadas personas cuando la acusación no lo había solicitado.
La Audiencia, tras el archivo decidido por Fernández, ordenó reabrir el caso porque apreció posibles indicios de prevaricación en la adjudicación del concurso público a Grupo Mexico-Minorbis.