Una gestión sanitaria en entredicho

Valencia

Cambio de paradigma. El presidente Ximo Puig ha anunciado esta semana que la Generalitat se personará como acusación particular en la causa abierta contra Ribera Salut por el cobro, supuestamente irregular, de comisiones a las empresas que le suministraban el material sanitario.

La decisión del Consell evidencia una posición activa en la defensa de los intereses generales tras desvelarse que un juzgado investiga la existencia de supuestos delitos de prevaricación y malversación por parte de la concesionaria del hospital de Alzira.

Un gestor privado al cual el PP le encomendó, con la entrada del nuevo siglo, la tarea de demostrar que la gestión sanitaria privada era más eficiente que la pública. La realidad parece ahora invalidar esa máxima y nos recuerda que igual que el objetivo de cualquier partido es gobernar, el objetivo de cualquier empresa es maximizar sus ganancias. El problema, en este caso, es que esas ganancias extraordinarias se obtuvieron, aparentemente, a costa de orillar las condiciones del contrato de concesión.

La investigación judicial parece alentar, además, la revisión de un modelo que los populares quisieron extender sin éxito a toda la sanidad pública y que la izquierda está dispuesta a revertir. Si los indicios judiciales se convierten finalmente en hechos probados habrá caído otro de los estandartes de la derecha valenciana, esa que en sus días de vino y rosas aseguró que el usuario tendría mejor atención sanitaria sin ningún coste adicional.