El Principado alerta contra el "torpe obstruccionismo" al iniciar la explicación del presupuesto

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha iniciado este lunes las comparecencias del Consejo de Gobierno para explicar el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado por consejerías en la Comisión de Hacienda de la Junta General. Este departamento cuenta con una cantidad global de 130 millones de euros que entre las novedades más significativas recoge un incremento del 16 % en la cantidad destinada a asociaciones de mujeres, 770.000 euros para las nuevas sedes judiciales de Valdés y Piloña o dos millones de euros para la renovación de vehículos para renovación de vehículos en el Servicio de Emergencias del Principado.

Pero el consejero, además de desglosar el presupuesto de su departamento, no dejó de lado las observaciones generales, muy principalmente la llamada al consenso ante un proyecto presupuestario que hoy carece de los apoyos necesarios en el Parlamento para salir adelante. "La invitación al consenso está hecha" dijo Martínez. "No sería justo manipularla ni desconfiar de ella. Sí conveniente ejercitarla si realmente pretendemos la mejora de los estándares de vida de la ciudadanía y no un juego torpe de obstrucción que sólo conduce al enquistamiento de posiciones políticas".

Volviendo a la cuentas de la consejería de Presidencia, otro capítulo con un importante crecimiento es el de prestación de Justicia Gratuita, con un millón de euros más hasta alcanzar los cinco millones y medio. Los grupos parlamentarios se mostraron críticos, en especial Izquierda Unida, cuya diputada, Concha Masa, calificó de “ilegal” el apartado a Cooperación, al no alcanzar el 0’7 % de los recursos propios del Principado que establece la ley. Masa señaló que el presupuesto recoge apenas un 0,2 % con esta finalidad.

Podemos criticó que los consejeros y directores generales se beneficien de la subida del 1 % de salario que las cuentas prevén para los empleados públicos del Principado y Foro mostró su desacuerdo con las prioridades en las obras en infraestructuras judiciales, que no recogen mejoras en instalaciones que este grupo calificó de “vergonzosas”.