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Martes, 12 de Noviembre de 2019

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La Comunidad fraccionó contratos con el aval de Cifuentes

El Consejo de Gobierno validó un contrato que la Consejería de Presidencia troceó para evitar que el servicio saliera a concurso público

La Comunidad de Madrid fraccionó contratos de traducción y evitó así sacarlos a concurso. Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno elaboró dos contratos concedidos a la empresa Ofilingua para un mismo servicio de traducción en el Macrojuicio del "fraude de las loterías o cartas nigerianas".

El proceso empezó el pasado 1 de febrero, la misma fecha en la que comienzan ambos contratos. También tienen la misma duración -78 días- y el mismo importe de adjudicación -14.483 euros-. La suma de ambos es de 28.966 euros, muy superior a los 18.000 euros por los que, según la Ley de Contratos del Sector Público, un contrato menor debe sacarse a concurso.

CADENA SER

La Intervención General de la Comunidad de Madrid advirtió de esta irregularidad a la Consejería. Sin embargo, el departamento dirigido por Ángel Garrido no rectificó y siguió adelante con los contratos, llevándolos hasta el Consejo de Gobierno para que éste ratificara el gasto, a pesar de ser irregular.

El Consejo de Gobierno, que preside Cristina Cifuentes, dio el visto bueno al desembolso de esa cantidad hace tan solo tres semanas, el pasado 5 de diciembre

"Defecto de procedimiento"

Fuentes de la Consejería reconocen un "defecto de procedimiento" y lo achacan a "las prisas" que exigía el proceso judicial. Según argumentan, la necesidad de traductores para el mencionado juicio se comunicó con poca antelación (dos meses antes) y no había suficiente tiempo para realizar un concurso público. Por eso, pidieron presupuesto a tres empresas y al final se adjudicó el servicio a dedo a la empresa de traducción Ofilingua. Desde Presidencia defienden que fue la compañía que presentó mejor el mejor precio y califican la actuación como "legal" dado que tiene el sello de aprobación del Gobierno regional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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