Un informe de la UDEF apuntala la acusación de la fiscalía en el caso desaladora

Murcia

Según cuenta hoy el confidencial “un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que altos cargos del Gobierno murciano de Ramón Luis Valcárcel, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables”.

Según los agentes 32 altos cargos y funcionarios han colaborado en el fraude, entre ellos el exconsejero de agua murciano, Antonio Cerdá.

El informe está desde enero incluido en el caso “La Sal” que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. La jueza del caso es María del Mar Azuar. En este caso están imputados el exconsejero Antonio Cerdá, dos exgerentes del ente público del agua, un abogado, varios directivos del grupo ACS y un amplio grupo de empresarios locales.

Lo que sabemos hasta ahora de esta investigación es a través de la denuncia de la fiscalía en la que trabaja el ex fiscal jefe Manuel López Bernal. Contamos que el fiscal sospecha que la empresa ACS y el ejecutivo de Valcárcel, durante el boom urbanístico de principios de los 2000, “licitaron y dieron permiso a esta obra al margen de la Ley de contratos del sector Público”.

ACS se unió a inversores locales que iban a construir la desaladora y constituyeron “Desaladora de Escombreras SA”. Eso ocurrió a inicios de 2006 pero poco después el ejecutivo murciano creó “Hidronostrum” y esta empresa compró el 51% de las acciones de la empresa inicial para que el proyecto fuera pagado con dinero público. En ese momento se adquirió el compromiso de pagar con dinero de todos el contrato de la planta que obligaba a varias cosas:

• · Pagar a la constructora y a empresas locales “el arrendamiento de la planta”
• · Pagar los costes de “producción hasta el lejano año 2030 y más allá”.
• · Comprar las millonarias instalaciones.

Según la denuncia del fiscal “la compra de las acciones no tuvo en cuenta a los servicios jurídicos regionales”.

Según el confidencial, “la UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias”.

Por ejemplo dice que “se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”.

Recordamos que ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional y que la empresa reclama a la administración murciana el dinero pactado que debía recibir hasta 2034. En la comisión de investigación en la asamblea regional se estableció que ese dinero podría superar los 600 millones.