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Multado por identificarse a la Guardia Civil como "un cosmonauta" y decir que vivía en una "nave espacial"

Los hechos juzgados en Lorca se produjeron en Mazarrón

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Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia ha rebajado de 1.080 euros a 360 euros la multa que deberá pagar un hombre que se resistió a identificarse ante la Guardia Civil y a ser trasladado al cuartelillo al insistir ante los agentes que era cosmonauta y que vivía en una nave espacial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que procede fijar la cuota-día de la multa en dos euros, frente a los seis euros fijados por el Juzgado de lo Penal de Lorca (Murcia) que dictó la resolución ahora apelada al desconocerse su capacidad económica.

El Juzgado de lo Penal, en la sentencia que ahora se ve revocada solo para fijar el nuevo importe de la multa, declaró probado que el incidente, constitutivo del delito de resistencia a los agentes de la autoridad por el que se condenó al acusado, se produjo en la población murciana de Puerto de Mazarrón en la noche del 27 de agosto de 2017.

Cuando los agentes de la Benemérita observaron que dormía en la calle y trataron de identificarle, el acusado, de nacionalidad moldava, les respondió que le dejaran tranquilo, porque no molestaba a nadie.

Cuando los guardias civiles insistieron en que se identificara, les facilitó varios números incorrectos, además de comentarles que era un cosmonauta y que vivía en una nave espacial.

Además, dentro de una actitud que el Juzgado calificó de "chulesca", se negó a entrar en el coche oficial en el que los agentes se disponían a trasladarle al cuartel para conseguir su identificación.

En su apelación, el condenado alegó que el juez había incurrido en error a la hora de valorar las pruebas aportadas al juicio, para añadir que la resistencia, cuando no es grave, como ocurría en este caso, no constituye delito alguno.

Además, consideró desproporcionada la cuantía de la multa, al no revestir los hechos la importancia que se le había atribuido en la sentencia.

La Audiencia, en una resolución que tiene como ponente al magistrado Jaime Bardají, señala que las pruebas acreditan la comisión del delito por el que se le condenó, aunque rebaja a la tercera parte la cuantía de la sanción "ante la ausencia de datos que permitan afirmar su capacidad económica".

 
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