Domingo, 09 de Agosto de 2020

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Mario Ocaña

‘La Escalinata’

Hoy hay convocado un pleno extraordinario por el Ayuntamiento con los vecinos afectados por el asunto del parking ilegal de La Escalinata de Algeciras, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2004

Hoy hay convocado un pleno extraordinario por el Ayuntamiento con los vecinos afectados por el asunto del parking ilegal de La Escalinata de Algeciras, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2004.

Han pasado tantos años desde aquella barbaridad urbanística cometida contra el patrimonio, la historia de la ciudad y los intereses de los ciudadanos que a uno solo le quedan un montón de recuerdos y cuestiones en la recamara, a la vista de los hechos.

Recuerdo, supongo que muchos de ustedes recordarán, que el aparcamiento fue calificado de subterráneo por los políticos que gobernaban entonces la ciudad, calificación que resultaba incomprensible para alguien que no tuviera interés obvio en el negocio.

¿Qué pasa con este tema? ¿Alguien desde la oposición municipal, o lo que sería más interesante, desde el propio poder municipal, piensa pedir responsabilidades políticas o personales ante tamaño desaguisado? ¿Se plantean los ínclitos concejales algecireños cuanto nos ha costado y cuanto nos va a seguir costando a los ciudadanos de a pie semejante cacicada? ¿Cómo se traduce en dinero el padecimiento de los vecinos, el abandono obligado de sus casas durante años, el sinvivir, la impotencia y la desesperación? ¿No hay responsables o la Escalinata de nuestra infancia, desde dónde contemplábamos los fuegos artificiales sobre las aguas de la bahía o íbamos a ver salir la luna tras el Peñón, desapareció por arte de birlibirloque? ¿En qué ciudad vivimos?

El Ayuntamiento indemnizará a la comunidad de propietarios con 1,3 millones de euros, cumpliendo una sentencia judicial, y a cambio, según fuentes periodísticas, la comunidad desiste de los contenciosos contra el Ayuntamiento y se desiste de la idea de derribar el aparcamiento y las oficinas, a pesar de que el TSJA declaró ilegal la citada construcción.

Uno tiene la sensación de que esa sentencia no se va a cumplir con lo cual el principio democrático de cumplir las sentencias que emanan del poder judicial podría quedar en entredicho en nuestra ciudad por parte de los que deberían dar ejemplo de ello, como si de un ciudadano más se tratase.

Muchos nos tememos que al final de la película los gastos que conlleve este asunto que tanto tiempo llevamos arrastrando saldrán de nuestros bolsillos, mientras que aquellos que fueron responsables políticos directos de semejante estropicio se sigan riendo del resto del personal, no sean responsables de nada de lo ocurrido y se vayan de rositas.

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